Además de ejecutar un gasto público, los Gobiernos deben crear un entorno de seguridad jurídica, mantener la estabilidad política y un clima atractivo de inversión para impulsar e incrementar el rol del sector privado en el desarrollo de un país.
En el caso de República Dominicana, se registran más de 99,840 empresas formales y casi 2.4 millones de puestos laborales regulados, lo que evidencia la participación de la privatización en la generación de riqueza.
El presidente del Banco BHD, Steven Puig, dijo que lo “intangible” es mantener y fortalecer un diálogo fluido entre el sector público y privado, aunque existan discrepancias.
“Lo importante es que esas discrepancias se pongan sobre la mesa y lleguemos a la conclusión de seguir adelante en beneficio de los dominicanos”, aclaró.
Mientras, la seguridad jurídica es uno de los principales elementos que refuerza la colaboración de la industria privada y promueve el crecimiento de América Latina y el Caribe.
“Nosotros como organismos multilaterales tenemos accesos económicos limitados, por lo que la inversión privada y extranjera es un factor que aumenta los recursos financieros para la ejecución de proyectos de la región”, consideró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest, James Scriven, durante la reunión anual de Asambleas de Gobernadores.
Ante esto, la estabilidad política, social y económica, y la garantía jurídica “son esenciales” para atraer la inversión privada y “generar consensos con los homólogos de la región del Caribe”.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Víctor Bisonó, aseguró que la estabilidad política, social y la garantía jurídica son esenciales para atraer la inversión privada y generar acuerdos estratégicos con otros países de América Latina y el Caribe.
“Nosotros ya estamos posicionados en la región como un país con condiciones inigualables, con infraestructuras, estabilidad social, económica y política, crecimiento de la inversión extranjera y nos pone en el foco, pero también la garantía jurídica que debe tener un país y la iniciativa de alianzas público-privada”, agregó Bisonó.
Para el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), Celso Juan Marranzini, República Dominicana debe seguir trabajando por el desarrollo de la empresa privada, construir a confianza en el exterior y mantener la estabilidad de gobierno.
“Debe ser siempre en pro al desarrollo económico, pero siempre tomando en cuenta el bienestar alejarnos del populismo que es un flagelo que ataca la región y mirar hacia afuera para acercar los organismos multilaterales como fuente de financiamiento fundamental para el desarrollo de los países”, explicó.
Capital extranjero
En 2023, de acuerdo con datos del Banco Central (BCRD), el Centro de Inversión y Exportación (ProDominicana) y la Dirección General de Aduanas (DGA), destacaron que estos tres renglones totalizaron divisas de US$ 30,450 millones en 2023, siendo US$ 11,933 millones por exportaciones, US$ 10,517 millones por concepto de remesas, US$ 8,000 millones por divisas de la industria turística.
“El dinero es cobarde, donde no tiene seguridad no va”, aseguró Bisonó, quien afirmó que los sectores como producción de energía, zonas francas y turismo, los inversores pueden encontrar mejores oportunidades para destinar su capital.
El gerente de Integración y Comercio del BID, Fabrizio Opertti, explicó que la relevancia de la inversión es que “fundamenta” el crecimiento económico para el desarrollo de las naciones, ya que generan ingresos, bienestar y contribuyen a la productividad.
“Mediante los encadenamientos productivos con proveedores locales donde los inversores se conectan para los insumos tecnológicos y capacitación mejoran en las capacidades del exportador”, acotó.
Si bien la inversión extranjera directa aumentó un 50% entre 1995 y 2017, “aún quedan desafíos como el costo de información, de transporte y logística, debido a la falta de infraestructura física y digital”. Estos retos demandan que a la economía con potencial de convertirse en un centro logístico mejorar las “arterias” del comercio internacional.
Incentivos fiscales
Para el BID, la región necesita alcanzar una mayor movilización de recursos para lograr el desarrollo sostenible en 2030, por lo que es fundamental generar condiciones y políticas que capten divisas y fortalezcan la recaudación tributaria.
“La mayoría de los incentivos tributarios a las empresas están en diferentes puntos geográficos, como también en actividades productivas de gran potencial pero con bajo desarrollo”, señaló.
Los incentivos son sinónimos de exenciones y que conllevan al Estado cada año un sacrificio fiscal. En Quisqueya, el Ministerio de Hacienda estableció que este gasto ascenderá a RD$ 4340,890.9 millones, o el 4.6 % del producto interno bruto (PIB) nacional para el 2024.
A nivel regional, en El Salvador, la ministra de Economía de ese país en América Central, María Luisa Hayem, resaltó que “existen leyes desde el año pasado que ofrecen” incentivos fiscales por unos 15 años a las empresas tecnológicas.
“Esta legislación, que suprime todos los impuestos a este sector, contribuye a que más empresas pongan capital extranjero y se desarrollen otras en El Salvador”, expresó.