El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, indicó que República Dominicana ha presentado un crecimiento económico considerable en las últimas décadas, ha demostrado un desarrollo sostenible, aumentando la productividad e incursionado en posiciones claves del mercado.
Sin embargo, consideró que pese del dinamismo económico, se ciernen sobre el país brechas que requieren de una integral reforma fiscal y tributaria. “No solo se fortalecerían los marcos legales de la gestión de las finanzas públicas, si no que se favorecería la transparencia y la distribución equitativa de los ingresos y el gasto público”, explicó.
La administración tributaria, de acuerdo con el ejecutivo de Finjus, debe concentrar sus esfuerzos en combatir los niveles de evasión y simplificar el sistema impositivo otorgando atención a los sectores estratégicos para construir un modelo más equitativo y sostenible.
El ejecutivo citó que en abril del 2024 fue depositada en la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de República Dominicana, propuesta que tiene como antecedente la sentencia TC/0943/23 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano que declara la inconstitucionalidad de los literales b) y c) del referido artículo.
Dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la nulidad de los literales b) y c), y la propuesta contentiva de modificación, es un aspecto que debe analizarse con minucioso cuidado en relación con la realidad actual que cursa el país.
“Desde Finjus celebramos los esfuerzos presentados para materializar un cuerpo normativo tributario que de respuestas a las exigencias del presente. Sin embargo, la responsabilidad de los administradores y otras partes interesadas de cara a una persona jurídica es una regulación que debe realizarse íntegramente tomando en consideración cada parte de lo establecido en la regulación actual”, explicó.
La organización sin fines de lucro subrayó que con la reforma deben identificarse las áreas de gastos ineficientes y priorizar los sectores que inciden en el bienestar de la ciudadanía.
“Si bien resulta inevitable la necesidad de una reforma, debe ponderarse que la misma involucre a todos los sectores que conforman el país”, comentó su vicepresidente.