Más allá de ser un destino turístico, ser un país con capacidad exportadora y alcanzar montos históricos en materia de remesas, República Dominicana se enfrenta al desafío de disminuir los niveles de informalidad. Así lo establecen las estadísticas del Banco Central (BCRD) que registran 2,490,938 personas en el mercado no regulado, es decir, el 51.3 % de una población económicamente activa situada en 4,855,631. El 48.7 % restante se encuentra en la formalidad, o 2,364,692.
El mercado no regulado genera desprotección en los trabajadores en términos de garantías laborales y protección social. En el caso de República Dominicana, el 98% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se encuentran en la informalidad, situación que según la presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, es de preocupación.
“La informalidad genera desprotección en los trabajadores en términos de garantías laborales y seguridad social, así como el incumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas que operan bajo esta condición de irregularidad, por lo que constituye una necesidad actualizar el Código de Trabajo para adaptarlo a las necesidades modernas, fomentar la competitividad y la creación de empleos”, explicó.
Si bien el 37 % de los negocios no regulados supera sus activos en RD$ 100,000, el 29 % es de menores a RD$ 50,000 y el 17 % entre RD$ 50,000 y RD$ 99,999.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 69 % de las empresas informales dominicanas se originaron por la carencia de trabajo y la necesidad de generar ingresos. El estudio señaló que los formales pueden tener más opciones y emprenden por aspiraciones de mayores ingresos, no obstante, los informales a menudo recurren al emprendimiento por necesidad.
El estudio Análisis de la economía informal con énfasis en los sectores comercio y servicios de República Dominicana indicó que las empresas formales reportan ventas mensuales de RD$ 100,000 a RD$ 499,999 o más de RD$ 500,000, frente a las ventas de RD$ 29,999 de las informales.
Pero, a nivel de renglón económico, el sector servicios reportó ventas entre RD$ 20,000 y RD$ 49,999, frente a comercio de RD$ 100,000.
“Las empresas no solo deben repensar sus estrategias de competitividad, sino hacerlas compatibles con la visión de una sociedad orientada al respeto de los recursos naturales, derechos laborales, sociales y calidad del empleo”, precisó Peña Izquierdo.
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, afirmó que el mayor reto se encuentra en las mipymes. “Debemos evaluar la realidad de este sector, la efectividad de las estrategias actuales y diseñar políticas más adaptadas a las necesidades específicos a los micronegocios, pero con el objetivo de su regulación y la mejora progresiva de las condiciones y derechos laborales de los trabajadores vinculados”, expresó el funcionario.
Ante esto, el 68 % de las empresas indicaron que no se registran por los altos impuestos, el 63 % señaló que el costo es muy alto y el 60 % que puede operar sin registro. No obstante, el 97 % de los negocios aseguró que se formalizaría si la realización de trámites y costos de registro fueran gratuitos.
Agregó que, desde la percepción de costos hasta las complejidades de la formalidad, las mipymes deben adoptar las tecnologías de la información que se enmarcan en la visión del futuro del mercado laboral. Además, el estudio registró que utilizan estrategias de marketing para ofrecer sus bienes y servicios en redes sociales.
“Las necesidades de la tecnología como uno de los elementos centrales en no solamente la producción, sino la destrucción del trabajo y consecuentemente la transformación y la producción de nuevos”, acotó.
La titular de Copardom comentó que las políticas públicas deben “ayudar” a estos negocios a prosperar y luego moverse hacia la regulación.