En República Dominicana, en los últimos 20 años, el crecimiento económico y las mejoras en la producción de alimentos han permitido avances en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, la subida de precios de materias primas por la coyuntura internacional supone una preocupación en la población más vulnerable.
El indicador de desnutrición aumentó a 6.7 % (2019-2021) debido a la pandemia del COVID-19, incrementando a su vez la incidencia de inseguridad alimentaria en sus distintas dimensiones (disponibilidad de alimentos, acceso, utilización y estabilidad alimentaria).
La pandemia inició una escalada inflacionaria global que se ha agravado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, presionando al alza los precios internacionales de los insumos energéticos y de alimentos básicos de los que los países de Centroamérica, Panamá, República Dominicana (Capard), México y Haití dependen.
Los commodities más afectados han sido el petróleo, gas, maíz, trigo y semilla de soya. República Dominicana, al igual que otros países de la región, es dependiente de las importaciones de los alimentos e insumos impactados por la inflación global.
De acuerdo con el estudio “Panorama y perspectivas de la seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana (CAPARD) México y Haití” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el aumento de las cotizaciones internacionales de la energía y los alimentos básicos representó un choque de oferta negativo importante para los países de la región, para quienes las importaciones de estos productos tienen un peso importante en las compras totales del exterior.
En el caso de República Dominicana, así como Costa Rica, Guatemala, Belice y Honduras son más intensivos en el uso de fertilizantes que el promedio de América Latina y el Caribe, los cuales son principalmente importados.
El estudio sostiene que escalada inflacionaria global presenta un escenario de riesgo para la seguridad alimentaria de la región.
Indica que se espera que el porcentaje de hogares con ingreso inferior al costo de la canasta básica se incremente en más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019, afectando sobre todo a las mujeres, trabajadores informales y poblaciones rurales.
En el caso de RD
El informe del BID destaca que según el monitoreo de hogares del Banco Mundial en mayo 2020 un 44 % de hogares reportaron quedarse sin comida en algún momento por falta de ingresos, con un 33 % revelando que había sufrido hambre.
En julio-agosto de 2020, un 11.9 %-12.4 % de los hogares afirmaron haber pasado un día entero sin comer en el mes por no tener recursos, proporción que se incrementó a 17.4 % en junio 2021.
En el indicador de la estabilidad y el acceso, entre el 32 % y 38 % de los hogares reportó verse obligado a “saltarse” comidas en mayo- agosto 2020. Con relación a la utilización, en junio 2021 un 30 % fue incapaz de comer de forma saludable, nutritiva o comidas preferidas por falta de recursos.
El BID sostiene que la coyuntura internacional de subida de precios de materias primas ha tenido repercusión en los precios locales, lo que supone la principal preocupación de la población dominicana.
A nivel doméstico la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 10.4 % entre agosto 2021 y agosto 2022, similar a lo que se observaba hace un año atrás (10.7 % respecto a agosto 2020); el promedio 2009-2019 fue de un 4.4 %.
“En lo referente a la percepción, la encuesta SEIA-Red Actúa, levantada por última vez en abril-mayo 2021, muestra que en ese momento: el 76.8% de la población le preocupa que su hogar no tenga suficientes alimentos; el 30.87% de la población no había recuperado su nivel de bienestar prepandemia en lo que concierne a alimentos; el 36% reducía la porción o cantidad de comida servida y el 25% disminuía la frecuencia diaria de comida”, indica
El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que a mediano plazo, en República Dominicana las amenazas zoo y fitosanitarias actuales (peste porcina africana, banano, cacao) podrían afectar directa e indirectamente el nivel de seguridad alimentaria de hogares rurales vulnerables y encarecer el precio del plátano para los consumidores urbanos, sin medidas de control y prevención drásticas.