En la República Dominicana no existe una inclusión financiera plena de acuerdo con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030 elaborada por el Banco Central.

La estrategia, dada a conocer este miércoles por el Banco, busca impulsar la inclusión financiera en el país mediante la coordinación de acciones de política que conduzcan al incremento del acceso y uso de productos y servicios financieros de calidad a sectores no bancarizados.

De acuerdo con la ENIF, el indicador de tenencia de productos de ahorro y crédito formal, a nivel poblacional, se mostraba en torno a 50% en 2019, que al considerar solo los usuarios que hacen uso de estos productos se ubica en 47 %, por lo que cerca de un 3 % de los encuestados reportaron poseer productos financieros, pero que no hacen uso activo de ellos.

Plantea como propósito primordial el cierre de las brechas de exclusión financiera, de manera que todos los dominicanos puedan tener acceso y hacer un uso efectivo de productos y servicios financieros de calidad, contribuyendo con el desarrollo económico de y promoviendo una sociedad económicamente más inclusiva, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

“La ENIF establece que la tenencia de productos financieros pase del nivel de 50 % a alrededor de 65 %, en tanto que el indicador de tenencia y uso pase de 47 % a 63 %.”, sostiene el Banco Central

Estos indicadores tendrán una próxima actualización en la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera y sus resultados serán publicados en los primeros meses de 2023.

Para el alcance de estas metas, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se estructura en seis objetivos: profundizar el acceso al financiamiento sostenible y formal para personas y Mipymes, potencializar el acceso, uso y desarrollo digital de productos de pagos, ahorros, seguros e inversión; propiciar un ecosistema financiero competitivo e innovador, impulsado por la transformación digital y la complementariedad con proveedores no tradicionales.

También fortalecer los mecanismos de transparencia y protección al usuario de los productos y servicios financieros; mejorar las conductas, capacidades y habilidades económico-financieras de la población para la contratación informada, consciente y responsable de productos y servicios financieros; y generar investigación y conocimiento para identificar barreras y áreas de avance en la inclusión financiera de la población.