En la reunión de Asambleas de Gobernadores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que ampliará su capacidad de financiamiento e los próximos 10 años para impulsar el desarrollo de la región de América Latina.
De acuerdo con el presidente del organismo multilateral, Ilan Goldfjan, el monto ascenderá a US$ 112,000 millones.
“Durante esta semana los ministros y gobernadores tomaremos medidas que tendrán un impacto positivo en la población latinoamericana y que constituirán un punto de inflexión para el Grupo BID”, dijo.
Explicó que desde el organismo multilateral los gobiernos de los países miembros tienen apoyo total para desarrollar, incrementar y enfrentar los desafíos regionales e individuales para hacer de América Latina una economía más resiliente, sostenible e inclusiva.
El titular del BID señaló que, al terminar las asambleas generales, se realizarán una serie de reformas que impactará a gran escala los proyectos que financia la entidad.
“Con estas reformas buscaremos impulsar el desarrollo de la región que aún debe enfrentar desafíos como la desigualdad, el cambio climático y el crimen organizado”, señaló.
Esto lo avaló un grupo de expertos internacionales que señalaron que reducir el crimen organizado en la región podría incrementar el producto interno bruto (PIB) regional en 10 %.
Además, destacaron que “la carrera” para disminuir la desigualdad en América Latina se ha ralentizado. De acuerdo con el profesor de la Escuela Económica en Londres, Inglaterra, Francisco Ferreira, las desigualdades son multifacéticas y se reflejan en la población más vulnerable y la clase rica.
El BID señaló que, en Colombia, Chile y Uruguay, alrededor del 1 % de la población controla entre el 37 % y el 40 % de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas controla una décima parte de la riqueza. Mientras, las políticas como las ayudas sociales, explicaron gran parte de la disminución de la desigualdad en países como Guatemala, Panamá, Honduras y República Dominicana.
Para reducir la desigualdad, según los expertos, los trabajadores con contratos informales deben obtener políticas diferentes para sus sistemas fiscales y de pensiones, capaces de promover un crecimiento económico y productivo. En República Dominicana, la informalidad laboral supera más de la mitad de la ocupación económicamente activa, situada en 4.8 millones de dominicanos.