Estados Unidos sancionó hoy a 16 funcionarios de Venezuela, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento, por proclamar "falsamente" a Nicolás Maduro como ganador de los comicios de julio.
Entre los sancionados, figuran la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Pedro Infante.
También a los magistrados Fanny Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, al que EEUU considera el ganador de las elecciones y es llamado "presidente electo" por el antichavismo.
Asimismo, sancionó al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, así como al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población que salió a la calle a condenar el fraude.
Bajo estas sanciones, quedan sin visados y bloqueadas todas sus propiedades y activos personales en la nación norteamericana y se les prohíbe realizar transacciones financieras fuera de las fronteras bolivarianas.
"Incluyendo a los de hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios o antiguos funcionarios venezolanos, pero son casi 2.000 las personas identificadas hasta la fecha por el Departamento de Estado como potencialmente sujetas a restricciones de visado por su papel en el debilitamiento de la democracia, participación en corrupción significativa o violación de los derechos humanos del pueblo venezolano", dijo EEUU.
Chavismo habla de "nuevo crimen de agresión"
El Gobierno de Nicolás Maduro reaccionó de inmediato y calificó como un "nuevo crimen de agresión" las sanciones anunciadas por Washington.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó, en "los términos más enérgicos", este "nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado".
Para el Gobierno chavista, EEUU demuestra, "una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos".
Sin embargo, prosiguió, "poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos".
A juicio del Gobierno venezolano, esta "arremetida contra personas que día a día defienden la soberanía y la paz de la nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población".
EEUU evita tocar petróleo en sus sanciones
El gobierno del presidente Joe Biden sancionó este jueves a estos 16 funcionarios, pero se abstuvo de apretar más las clavijas al sector petrolero cuando faltan menos de dos meses para las presidenciales estadounidenses.
La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019, aunque Washington las levantó parcialmente durante seis meses, pero las reimpuso en abril pasado al considerar que Maduro había incumplido sus promesas electorales al impedir la candidatura de varios políticos, entre ellos la líder María Corina Machado.
Aún así, EEUU otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.
"Muy cauteloso". ¿Por qué?
El gobierno "es muy cauteloso en tocar las licencias que tienen principalmente Chevron", pero también dos petroleras europeas, explicó a la AFP Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.
Se debe a que la vuelta a una política de "restablecimiento de todas las sanciones puede impactar a la economía venezolana y ese impacto puede terminar generando más inmigrantes de Venezuela".
La migración irregular es el tema predilecto del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, quien disputará los comicios del 5 de noviembre contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.
Pero hay otro motivo: "piensan que en el pasado eso no fue efectivo para lograr que el gobierno venezolano negociara y prefieren tener algún tipo de vínculo que les permita al menos negociar", añade el experto.
Para Maduro las licencias son importante,s pero "si se las quitan está dispuesto a quedarse" en el poder, considera Monaldi.
Hay otras variables en juego. El espacio que dejara Chevron podrían ocuparlo Rusia o China en el país teóricamente con las mayores reservas de petróleo del mundo.
Por de pronto el presidente ruso Vladimir Putin ha invitado a Maduro a la cumbre de los países emergentes BRICS, prevista en octubre en la ciudad rusa de Kazán.
"Intereses nacionales"
Un funcionario estadounidense esquivó este jueves la pregunta de por qué no habían apuntado al petróleo.
"Seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera adecuada en respuesta tanto a los hechos sobre el terreno como a los intereses nacionales más amplios de Estados Unidos", respondió en rueda de prensa telemática.
Desde el Congreso hay presiones para que Joe Biden mueva ficha.
El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a "la fortaleza financiera de Maduro".
"El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial", afirma Durbin.
Monaldi duda que la propuesta tenga viabilidad y estima que habrá que esperar hasta después de las elecciones para ver qué pasa.
Podría haber "una nueva política sobre todo en el caso de que ganara Trump", quien ya impuso al país caribeño una batería de sanciones, incluido el embargo al petróleo y al gas, como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro.
Venezuela vio caer su producción de 3 millones de barriles por día hace más de una década a 400 mil en 2020 como consecuencia de la corrupción, la mala gestión y las sanciones estadounidenses. En la actualidad extrae unos 870 mil barriles diarios.
Este colapso ha provocado una diversificación de la economía, que depende menos del petróleo y más de otras actividades como las remesas.
Según un informe de la oenegé Transparencia Venezuela, "el contrabando de drogas, oro, combustible y la corrupción en puertos y aduanas ha aumentado en los últimos años".
(CON INFORMACIONES DE EFE, AFP Y OTROS SERVICIOS DE ACENTO)