El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, informó que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, elabora y ejecuta planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT) en los territorios dotados de tierras tipo 1 como las del Cibao.
Matías especificó que las tierras del Cibao norte, sur, nordeste y noroeste son las más aptas para la producción agrícola y representan la garantía de seguridad alimentaria del país.
Informó que durante este año 2023 se trabaja en la elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 368-22. Igualmente dijo que trabajan para la conclusión del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el cual deberá estar listo entre noviembre y este año 2023.
Para regular la utilización de tierras de vocación agrícola por parte de las constructoras, Matías señaló que actualmente se diseñan planes municipales y lineamientos de ordenamiento territorial en 14 municipios de las diferentes regiones del país. Dijo que Moca, San Francisco y otros municipios del Cibao Norte y Nordeste son de alta producción agrícola.
Informó también que, en Verón, Punta Cana, un distrito de alta densidad turística, se trabaja en organizar un territorio con una gran incidencia del sector inmobiliario.
“Los suelos agrícolas no son para convertirlos en muros de concreto, sino para convertirlos en medio de vida, áreas de empleo y de productividad que permitan disminuir el flujo migratorio y fortalecer la seguridad alimentaria” expresó el funcionario.
Reveló que los POMT de esos territorios estarán en operaciones a final de este año 2023 y principio del 2024. “Son planes complejos cuyos diseños conlleva los estudios de las variables ambientales, económicas y culturales. También estudios sobre los usos de suelo y sus clasificaciones y calificaciones que orientarán las normativas y ordenanzas”
“No estamos con los brazos cruzados. Estamos trabajando ante de la promulgación de la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. Estamos priorizando y creo que conocer la realidad nos permite tomar decisiones para transformar esa realidad”, destacó el sociólogo y municipalista.
En el caso de San Francisco de Macorís y Moca, el sociólogo y municipalista expresó que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de suelos y Asentamientos Humanos es el instrumento idóneo cuyo régimen de consecuencias salvaguardará los terrenos agrícolas.
Dijo que la Ley 368-22 tipifica los suelos en urbanizables y no urbanizables. “La ley manda a sus propietarios a conservarlos a nivel ambiental y evitar daños al interés público.
Afirmó que la legislación promulgada por el presidente Abinader en diciembre del año 2022, establece multas desde uno hasta mil salarios mínimos de sector público para sus infractores. Igualmente ordena formular planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional y municipal.
“En el municipio se definirá la clasificación y calificación del uso del suelo y la ocupación permitida en cada caso, estando a cargo de los gobiernos locales.
Sobre los asentamientos humanos informales, Matías explicó que la propia Ley 368-22 ordena el reasentamiento formal de esas familias. “Es un grave problema de décadas, porque realmente los asentamientos informales no garantizan vidas y propiedades”.
Acerca de los terrenos no aptos para urbanizaciones y que están siendo utilizados formalmente, Matías señaló que la ley de ordenamiento territorial no tiene efectos retroactivos. No obstante, si ponen en riesgo la vida de las personas el Gobierno tiene potestad de ley para actuar.
“Ahora si la empresa pone en riesgo la vida de las personas, en el caso de una empresa que expulsa desechos contaminantes u ocupaciones en suelos inundables la ley tiene su régimen de consecuencias para actuar en estos casos, aunque debo aclarar que son procesos graduales, no de un día para otro”, destacó.
Expresó que un proceso de ordenamiento territorial conlleva una seria de decisiones sociales y políticas de importancia a tomar en cuenta.
Puso como ejemplo el programa Santo Domingo 2050 (un proyecto del gobierno) que plantea estudiar la factibilidad de trasladar las grandes empresas peligrosas instaladas en el área metropolitana al entorno de la Circunvalación de Santo Domingo.
Dijo que el programa Santo Domingo 2050 es un proyecto relevante debido a que la capital de la República muestra actualmente una huella urbana de 370 kilómetros cuadrados cuando la década del 40 era de un estimado de 14 kilómetros cuadrados.
El viceministro ofreció estas declaraciones durante una entrevista al matutino Diario Libre.