América Latina y el Caribe se encuentra en una crisis de desarrollo marcada por tres trampas: una baja capacidad para crecer, una elevada desigualdad con baja movilidad y débil cohesión sociales, y una baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva para abordar los desafíos del desarrollo.
De acuerdo con la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), un ejemplo de ello es la crisis de los cuidados que atraviesa la región y su impacto en la desigualdad de género.
La pobreza en América Latina alcanzó el 27.3% en 2023, el nivel más bajo desde 1990. No obstante, sigue afectando a 172 millones de personas, siendo más impactadas las mujeres que los hombres en edad laboral, así como el 40.6% de niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.
No solo las mujeres se vinculan en menor proporción al mercado laboral respecto de los hombres (53.5 % y 75.9 %, respectivamente, en 2022), sino que, además, entre quienes se encontraban fuera de la fuerza laboral en la región en 2022, el 56.3 % de las mujeres declaraban dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en comparación con el 7.3 % de los hombres.
El organismo internacional señala la división sexual del trabajo y la actual organización social de los cuidados generan brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en las distintas trayectorias en el mercado laboral de las mujeres.
Ante el acelerado envejecimiento poblacional de la región producto de la transición demográfica, la crisis de los cuidados podría exacerbarse debido al aumento de la demanda de protección social y de requerimientos de cuidados, lo que profundizaría las desigualdades de género existentes y podría comprometer la sostenibilidad de los cuidados.
Destaca que uno de cada tres hogares en el quintil de menores ingresos carece de acceso a la protección social y los montos de los programas de protección social no contributiva suelen ser insuficientes para superar la pobreza.
Sin embargo, para avanzar en la erradicación de la pobreza propone establecer un estándar de inversión social para la protección social no contributiva entre 1.5 % y 2.5 % del PIB o entre 5 % y 10 % del gasto público total.
Explica que en un contexto de acelerado envejecimiento de la población, la crisis de los cuidados reproduce la desigualdad de género y exige el fortalecimiento de los sistemas de protección social.
La Cepal hace un llamado urgente a fortalecer la protección social no contributiva para erradicar la pobreza, reducir la persistente desigualdad, enfrentar la crisis de desarrollo que atraviesa la región y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo.
Ante este complejo escenario, la protección social, en particular la protección social no contributiva, cobra un papel fundamental. "Los desafíos de la protección social no contributiva para abordar la trampa de la alta desigualdad y los elevados niveles de la pobreza", considera la Cepal.
Los países de la región han realizado significativos avances en la ampliación y el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, en especial, en las políticas de protección social no contributiva.
Entre 2000 y 2022, el porcentaje de personas en América Latina y el Caribe que residía en hogares receptores de programas de transferencias condicionadas aumentó desde un 3.6 % a un 27.1 %, mientras que la cobertura de personas de 65 años y más que reciben pensiones no contributivas para el mismo período creció de un 3.4 % a un 31 %.
Uno de cada dos hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos accedía en 2022 a la protección social por la vía no contributiva (50.2 %) y esta proporción se reducía a uno de cada 10 hogares de mayores ingresos (10.4 %).
El porcentaje de hogares que carecía de acceso a la protección social por la vía no contributiva o a través del sistema de pensiones contributivo en el quintil de menores ingresos superaba el tercio de los hogares (36.5 %) en el mismo año, llegando a menos de un quinto en el quintil de mayores ingresos (17.3 %).
“El fortalecimiento de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, en particular la protección social no contributiva, es un espacio estratégico para la adopción de un enfoque integrado que pueda tener impactos significativos en la reducción de la pobreza, las diversas causas de la desigualdad y los bajos niveles de cohesión social, y, por ende, en el logro del desarrollo social inclusivo”, explica José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.