Para la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el proyecto de ley de modernización fiscal sometido al Congreso, les tomó como “una gran sorpresa” y a su entender, representa un “triple castigo” al sector industrial dominicano.
De acuerdo con Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, la reforma presentada tiene un gran impacto en el equilibrio de la sostenibilidad, por lo que considera que se debe buscar un equilibrio entre la recaudación y la inversión, de manera que las recaudaciones que se proponen hacer no construyan un peso tan grande sobre la inversión que no permita el crecimiento.
En un encuentro con la prensa para dar a conocer su posición frente al proyecto de modernización fiscal, Brache dijo que con el paquete presentado en el Congreso no ven un crecimiento hacia futuro tal y como se ha proyectado en la meta 2036 de crecer un 6% anual y duplicar el PIB hacia el 2036. “Creemos que esto es un duro revés a ese plan de duplicación del PIB”.
Sostuvo que comprenden la intención de la reforma y la necesidad actual de incrementar las recaudaciones fiscales, pero que para el proceso de elaboración de esta propuesta, quedó pendiente la profundización del diálogo para la creación de consensos con los sectores impactados.
“Hubo cierto dialogo, donde se nos habló de los detalles a grosso modo de lo que sería la reforma, donde se hablaba que se iba a ampliar la base del ITBIS, que algunas incentivos se iban a reducir o a eliminar, pero nunca nos dio el detalle de lo que sería la reforma en los términos en lo que se presentó en el Congreso, nunca”, aseguró el empresario
Ley de Proindustria
La AIRD aboga que se reconsidere las medidas depositadas en el Congreso y que el artículo 50 de la Ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial sea restituido en su origen.
De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, esta constituye la legislación más noble, porque no se ha encontrado en ella ningún uso fraudulento.
“Nos llama la atención que el régimen de incentivo modificado recientemente en el 2020, se hicieron ajuste a la ley y ahora a menos de 4 años lo vemos nuevamente en la mesa de discusión”.
Asimismo, Brache calificó el artículo 50 como la columna vertebral de la Ley de Proindustria. “El sacrificio que hay apenas de 200 millones de pesos al año el Estado recibe con creces quizás 10 o 20 veces más que lo que el Estado sacrificó, en empleo, en inversión”.
Recordó que de acuerdo con las cifras del Banco Central, el sector de manufactura local es responsable del 10.3% del Producto Interno Bruto (esta ponderación no incluye otros componentes del PIB industrial como son las zonas francas, la minería y la construcción).
Para el 2023, el sector de la manufactura local fue responsable de aportar el 17.8% de todos los impuestos internos recaudados.