La Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados (Adosea) demandó que el Reglamento de Generación Distribuido, en conocimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE) sea una normativa equilibrada, que contribuya con el desarrollo sostenible del mercado eléctrico, sin privilegios a segmentos del negocio en detrimento de otros, evitando generar inestabilidad en las redes de distribución y poner en riesgo la confiabilidad del servicio eléctrico.

La entidad, cuya membresía sirve el 80 % de la oferta hotelera nacional, pidió a la SIE que los términos del borrador del reglamento estén alineados con lo establecido en la Ley 57-07, sobre Incentivo a las Energías Renovables.

Adosea llamó la atención sobre el hecho de basar el proyecto de reglamento en la medición neta (trueque de energía), lo que contraviene el artículo 20 de la Ley 57-07 y el 56 de su Reglamento, que establecen que la compra de energía debe hacerse bajo el mecanismo de facturación neta, a precios establecidos por la Superintendencia de Electricidad previa recomendación de la Comisión Nacional de Energía, y la venta a pequeña escala a las mismas tarifas que a todos los usuarios, no un intercambio de energía.

La entidad pidió evitar que la normativa propicie una competencia desleal, llevando a que la compra de energía a los productores renovables a pequeña escala se haga a más del doble del precio establecido para los productores renovables a gran escala, que usan la misma tecnología.

Expresó que la situación de deslealtad sería mayor si se parte de que los productores a gran escala están obligados a obtener concesiones, realizar estudios, tramitar permisos y vender su energía a través de procesos de licitación, unos requisitos que no tienen que asumir los productores a pequeña escala.

“Una distribuidora como Edenorte compra la energía a un productor a pequeña escala en medición neta a RD$ 14.04 kWh, pero cuando la adquiere de un productor renovable a gran escala, el precio que paga es RD$ 5.07 kWh, pese a que en ambos casos la energía proviene de un sistema fotovoltaico en el Cibao, según el último precio de referencia publicado por la CNE mediante resolución CNE-AD-0036-2022”, apuntó Adosea.

Insistió en que cualquier modelo para seguir apoyando la generación distribuida debe ser justo para todos los actores, promover la compra de energía renovable a los mismos precios y bien planificada.

La generación distribuida ha tenido un crecimiento impresionante desde que comenzó el programa hace unos 10 años. Hoy en día hay casi 18 mil clientes que suman más de 427 MW. Esto es casi un 10 % de la capacidad instalada de República Dominicana, expuso el gremio de los sistemas eléctricos aislados.

“Si bien la adopción de energías renovables es crucial para el futuro energético del país, no puede hacerse creando una distorsión en la compra de energía para que tenga que pagarse a más del doble del precio a los productores a pequeña escala en medición neta, a costa de desestabilizar el sistema eléctrico, y comprometer la calidad y confiabilidad del servicio”, expresó.

En este sentido, sostuvo que la propuesta de reglamento gestionada por la SIE podría generar inestabilidad en las redes de distribución y poner en riesgo la confiabilidad del servicio eléctrico, afectando a millones de dominicanos. Argumentó que la incorporación masiva de paneles solares mediante generación distribuida, sin los controles ni mecanismos adecuados, podría sobrecargar las infraestructuras existentes. Esto podría provocar interrupciones en el servicio y disminuir la calidad de la energía suministrada, tal como ha ocurrido en algunos países desarrollados.

Otro aspecto preocupante es el impacto financiero que este reglamento tiene en las empresas de distribución eléctrica, al permitir que los que instalaron paneles solares de manera individual no tengan que compensar a las compañías de distribución de manera justa por los costos asociados a la instalación, operación, mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

“La versión del reglamento actual, al no distribuir los costos de manera justa, genera una situación en la que las distribuidoras, que son las responsables de mantener la infraestructura, se vean debilitadas financieramente, afectando la capacidad de inversión en la red, perjudicando también a los hogares y negocios que dependen de un servicio de calidad”.