Acuerdos firmados a favor de la capacitación: intento para disminuir el turismo sexual

El Artículo 334 del Código Penal dominicano castiga el proxenetismo y considera proxeneta aquel que de cualquier manera ayude, asista, o encubra personas, hombres o mujeres, con miras a la prostitución o al reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual.

Ante este flagelo que afecta cada día menores de edad, con el 33 % de la población dominicana por debajo de los 19 años, o lo que es lo mismo 3,555,414 de los 10,773,983 dominicanos al cierre del 2022, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), surge la pregunta ¿Qué hace República Dominicana?

En 2023, Quisqueya entró al Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) para prevenir el turismo sexual, de la mano del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuyo acuerdo previene la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

Para ese acuerdo, la directora del Gabinete de la Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje, indicó que la explotación sexual comercial infantil encuentra en el turismo un nicho perfecto. 

“Es un fenómeno delictivo que provoca una comprensible alarma de gobiernos, organizaciones sociales empeñados en coordinar esas acciones multilaterales que reduzcan el cambio de acción de esos delincuentes que manejan el negocio de los pedófilos y que dañan nuestra infancia”, explicó.

Carlos Carrera, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para República Dominicana, indicó a ACENTO que el ingreso del país al GARA demuestra el compromiso nacional de trabajar en la protección de los menores de edad en los destinos turísticos del país.

“Unicef entiende que la cooperación sur-sur es una estrategia exitosa de búsqueda de soluciones conjuntas para temas que afectan de manera similar a los países de la región. A partir de esta adhesión, corresponde al Gobierno de República Dominicana promover la sensibilización, la articulación y el fortalecimiento de capacidades que propicien un desarrollo turístico sostenible, colocando en el centro de sus acciones la protección de la niñez y la adolescencia en los destinos turísticos del país”, explicó Carrera.

Tanto Fabiana Gorenstein y Carlos Carrera, representantes de Unicef en el país entienden que se debe promover acciones permanentes que mantengan a la población informada y sensibilizada sobre los riesgos de abuso o explotación sexual a los menores de edad, de manera tripartita, es decir, el Estado, el sector privado y la cadena de valor de la industria turística.

“Además qué buenas prácticas se pueden asumir para la protección de NNA, así como la ruta de denuncia y de acceso a servicios en caso de que alguien presencie una situación concreta”, comentaron Gorenstein y Carrera.

Mientras, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) firmaron un acuerdo para educar a los empleados del turismo sobre esta mala práctica en abril del 2024. 

El acuerdo impulsará una estrategia de concientización y comunicación para la prevención y detección de la trata de personas en las zonas turísticas de República Dominicana como Punta Cana y Santo Domingo.

El titular de Asonahores, David Llibre, dijo que República Dominicana está comprometida a crear medidas de alerta en los hoteles, aeropuertos y puertos para evitar esa situación que vulnera a los dominicanos.

“También implementaremos jornadas de sensibilización para personal de migración y empleados de los hoteles miembros del gremio”, agregó.

Los actores partícipes del renglón de hoteles, bares y restaurantes serán capacitados para detectar esta mala práctica en el territorio nacional. De acuerdo con la ejecutiva, con esta alianza estratégica que tendrá de vigencia 12 meses, para luego medir los resultados, el sector de viajes implementará programas de capacitación para identificar los indicadores de trata de personas.

“Este esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y el sector privado tiene el propósito de contribuir con la erradicación de este delito que viola los derechos humanos más fundamentales y afecta el tejido social de las naciones impactadas”, explicó la directora del Usaid, Rebeca Latorraca.

De acuerdo con la catedrática Arabelis Mejía, el país ha adoptado algunas medidas para fortalecer la lucha contra la trata de personas, entre las que destacó la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y la Trata, la elaboración de los protocolos de identificación, referencia y atención a víctimas y sobrevivientes, especialmente mujeres y personas menores de edad, y la penalización del delito, algunas sentencias condenatorias.

Asimismo, está la creación de Ciprom, “que me parece lleva años sin reunirse, pues el mismo fue mutilado con acciones como la creación del Citim”. “Desde mi opinión es más de lo mismo, duplicidad de esfuerzos y funciones”.

“Mi recomendación es que debemos denunciar el trabajo infantil, exigir a las autoridades que tracen políticas para combatirlo, contribuir con las ONG que ayudan a infantes sometidos, son algunas de las acciones que podemos tomar para aplacar esa condena que sufren los niños explotados aquí y en todo el mundo”, aconsejó.

¿Nuevos destinos es igual a nuevos retos?

República Dominicana apuesta a la diversificación de los destinos tradicionales con la creación mediante alianzas público-privada, como Cabo Rojo en Pedernales, Punta Bergantín en Puerto Plata y Miches en El Seibo.

El Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, por ejemplo, contempla una inversión en la primera fase de US$ 2,245 millones, generará 2,200 puestos laborales directos y 6,660 indirectos en un plazo de 10 años. Además, fue invertido US$ 98 millones en la construcción del puerto de Cabo Rojo, donde ya han atracado dos barcos con 4,000 viajeros, entre enero y julio del 2024.

Frente al desarrollo de un nuevo turístico, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) firmó un convenio junto a Save The Children, bajo el Fideicomiso Pro-Pedernales, “para asumir protocolos y acciones que permitan prevenir la explotación sexual comercial infantil y la vulneración de los derechos de la niñez”.

“Pudiéramos decir que será el primer destino turístico que, desde cero, trabajará una campaña para combatir este mal de usar a menores como si fueran objetos sexuales”, indicó Sigmund Freund y enfatizó que el proyecto Cabo Rojo-Pedernales, más que un proyecto turístico “es un proyecto social, de cambio, de impacto social en una región que tiene tantas necesidades y pobreza”.

Freund indicó que Cabo Rojo está llamado a ser un destino referente tanto en temas medioambientales como en el tipo de turismo que será ofertado a quienes decidan visitarlo. “Cabo Rojo dará a conocer que tiene su protocolo y que es un destino que tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos infantiles”.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las víctimas de este delito son mujeres, niños de zonas vulnerables, de pobreza extrema y con baja escolaridad.

La directora ejecutiva del Clúster Productivo y Turístico de Pedernales, Katia Adames, resaltó que el clúster agrupa a 27 negocios y otros que están en la espera del flujo de turistas que, de acuerdo con las autoridades, sumarán 500,000 turistas para 2025.

“Nosotros hace tiempo que estamos ya preparados, toda esa iniciativa y todo este conocimiento, nosotros ya lo tenemos para prevenir en los hoteles y en los restaurantes, eso nosotros hemos tenido algunas influencias, pero no nos hemos quejado en el momento, cuando sucede hemos resuelto”, aclaró la ejecutiva a ACENTO.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó que se debe elaborar una política nacional de turismo sostenible y responsable que se ocupe de forma puntual de la prevención y la respuesta frente a la violencia, en especial a la explotación y a los abusos sexuales.