La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), consideró como un urgente que en los países latinoamericanos se inviertan en servicios públicos robustos, inclusivos y sostenibles, "por ser el instrumento más poderoso que disponen los gobiernos para luchar contra la pobreza y la desigualdad".
A un año después de que 140 países firmaran un acuerdo bajo el mandato del G20 y la OCDE, ICRICT cree que es un paso a la dirección correcta, pero poco ambicioso y desfavorable para los países emergentes y en desarrollo, y que la la situación no ha cambiado.
Indicó que por diversos problemas políticos internos de los países ricos, la aplicación del acuerdo se encuentra estancada.
"Es crucial que los Estados aumenten su capacidad de recaudar suficientes recursos a través de medidas fiscales progresivas y valientes, que tengan en cuenta las necesidades de los más vulnerables, y en particular las mujeres y niños. Por eso, la ICRICT insta a los países a no esperar la implementación del acuerdo. Estos deben considerar sus propias medidas alternativas para ser aplicadas activamente y sin demora. El proceso de negociación de los últimos años también demostró que cualquier movimiento tendría mucha más fuerza si es coordinado a nivel regional", sostiene en un comunicado de prensa
La comisión dijo que en Colombia y Chile ya están mostrando el camino, con propuestas de reformas fiscales progresivas para fortalecer el impuesto sobre la renta, introducir un impuesto a la riqueza y fortalecer la tributación a los dividendos, buscando como objetivo principal una mayor justicia tributaria.
"La ICRICT hace un llamado a que haya más cooperación entre los países de la región para adoptar políticas fiscales más progresivas que acaben con la desigualdad récord en América Latina. Es también a través de la coordinación que lograrán defender mejor los intereses de la región, y de los países en desarrollo en general, en los espacios de negociación global", puntualiza
Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva del Global Initiative for Economic, social and sultural rights y miembro de la ICRICT dijo que las personas que están soportando los efectos más graves de la crisis actual del coste de la vida son las más vulnerables y desfavorecidas de la sociedad, como las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y los inmigrantes.
Necesitamos de políticas fiscales progresivas ya, con un enfoque verde y feminista. Los recursos públicos no pueden seguir dependiendo de políticas fiscales regresivas", expresó
Consideró que es urgente gravar la riqueza y las superganancias empresariales, para poder redistribuir, financiar servicios públicos inclusivos de calidad y contrarrestar los niveles inaceptables de hambre, pobreza extrema y desigualdad.
Asimismo, Ricardo Martner, exjefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó que los países alrededor del mundo se enfrentan a crecientes dificultades financieras para hacer frente a los retos de la pandemia, la explosión del coste de la vida, la desigualdad y la crisis climática.
"Ya es hora de que los países latinoamericanos muestren también su capacidad de unirse y trabajar juntos por una fiscalidad más progresiva. La respuesta no está en intensificar la competencia entre los países. Necesitamos un pacto fiscal regional, que nos permita luchar contra la pobreza y las desigualdades, y para que nuestras voces sean más escuchadas".
En tanto que, Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía y copresidente de ICRICT dijo que durante décadas, el sector público ha perdido recursos, no sólo en los países en desarrollo. "Las estructuras fiscales que tenemos hoy en día no son progresivas y en algunos países son incluso regresivas. Esto provoca mucho resentimiento, socava nuestra democracia y nuestra solidaridad".