En torno al anuncio del Ministerio de Energía y Minas sobre la anteproyecto de modificación de la Ley Minera, pieza legislativa vigente desde hace 50 años, la presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, destacó la necesidad de que esta incentive la inversión extranjera y ajuste a la realidad de la minería moderna, que se por si ya se ejerce en el país

Mena explicó que la minería en la República Dominicana es un sector que tiene un gran potencial de crecimiento, y con la cantidad limitada de empresas, particularmente en el área metálica, impacta de forma directa en la economía, hizo importantes aportes al producto interno bruto (PIB) y en el 2022 lideró el total de exportaciones por un monto aproximado de US$ 2,250 millones.

Dijo que “entendemos que la legislación es necesaria debido a que, como industria con un gran potencial y que en la última década se ha convertido en un ejemplo mundial en prácticas medioambientales, de seguridad, de responsabilidad social y de transparencia, es en un generador de riqueza de vital importancia para todos los procesos productivos”.

La presidenta de Adoexpo señaló que, en la última década, la industria ha aportado más de US$ 136 millones al fisco nacional y el tercer lugar como receptor de inversión extranjera, equivalente a un 15.3 %, entre 2010 y 2019.

La dirigente empresarial ejecutiva manifestó que la minería es una actividad industrial que se desarrolla a largo plazo y que actualmente existen referencias internacionales en materia ambiental y social que han sido adoptadas en el país por las empresas mineras aquí establecidas.

Mena precisó que los minerales como el oro, el ferroníquel y el cobre se han convertido en los principales rubros de exportación de República Dominicana y que la minería no sólo genera divisas, sino que también proporciona insumos básicos para otras industrias tales como comunicaciones, energía, construcción, agricultura y salud.

Actualmente, el sector minero en República Dominicana se rige por un anteproyecto de ley que data de hace 50 años, por lo que no se corresponde con la situación presente que contempla una práctica regida por estrictos estándares internacionales; más consciente en términos medioambientales, empática con las comunidades y sostenible en el tiempo.

Recientemente, ante la inminente crisis económica tras la pandemia del COVID-19, el sector minero dispuso de recursos activos al Estado Dominicano con miras a neutralizar la implementación de una reforma fiscal que afectaría a todos los sectores de la economía nacional y a las familias dominicanas.