El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$ 40 millones para fortalecer la modernización de la administración pública de República Dominicana, a fin de prestar mejores servicios a los ciudadanos y las empresas mediante la mejora de la eficiencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta en los trámites con el gobierno.

“Acercar cada vez más el gobierno a los ciudadanos, con nuevas formas de pensar, trabajar y brindar servicios combinados con soluciones digitales e innovación, es una prioridad para la República Dominicana”, dijo el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo.

“Valoramos el apoyo del Banco Mundial a la agenda de reforma y modernización del país, que tiene por objeto facilitar la vida de los ciudadanos en su interacción con el gobierno”, consideró.

El proyecto "Apoyo a la Implementación del Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública", que será implementado por el Ministerio de Administración Pública en colaboración con agencias gubernamentales, tiene como fin fortalecer la capacidad institucional para el diseño e implementación de políticas públicas, y aumentar la eficiencia y la calidad de los trámites que presta el gobierno, mejorando la confianza y cerrando brechas en la interacción entre los ciudadanos y las instituciones públicas.

El proyecto también permitirá que los ciudadanos experimenten menos pasos y tiempos de traslado al realizar trámites como certificaciones, permisos o licencias, al tiempo que el gobierno se beneficia de la reducción en los costos administrativos de los trámites y de mejoras en la calidad de la información disponible.

“Realizar transformaciones a escala demanda reformas ambiciosas en la administración pública y el enfoque innovador de este proyecto desarrollará aún más la capacidad de transformar y digitalizar todos los trámites, lo que pondrá a República Dominicana a la vanguardia de los gobiernos modernos, centrados en las personas”, dijo Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial en República Dominicana.

El proyecto se enfoca en reducir al menos en un 30% el tiempo de resolución de 500 trámites del gobierno central en sectores como educación, salud, agricultura, medio ambiente y agua. Los resultados esperados incluyen la mejora de 400 trámites digitales, partiendo de los insumos de los Laboratorios de Innovación para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, en particular de las mujeres y los grupos vulnerables, incluidos aquellos que viven en áreas remotas afectadas por el cambio climático.