El 31 de octubre fue designado como el Día Internacional de las Ciudades. En torno a esta conmemoración nos preguntamos, ¿qué tipo de ciudad existe hoy en día? ¿Quiénes construyen y constituyen la ciudad? ¿Para quién es? ¿Tienen los pobres Derecho a la Ciudad?
Partimos esta reflexión desde el concepto Derecho a la Ciudad, planteado por primera vez en 1968 por el sociólogo francés Henri Lefebvre [1]. Se trata de una categoría política, no jurídica, aunque sí de legitimidad, que se presenta bajo dos aproximaciones coincidentes y complementarias: la de Lefebvre que hace referencia a la producción de esta, en un contexto capitalista, y la de David Harvey, que extiende esta idea de la producción al ámbito de las utopías; es decir, a la ciudad deseable.
El concepto del derecho a la ciudad[2] implica precisar a cuál ciudad se hace referencia. Ordinariamente, se plantea de forma abstracta, sin hacer referencia a los modos de producción y de reproducción de un tipo particular de ciudad: la ciudad capitalista, hoy neoliberal, que es una máquina productora de exclusión y desigualdad.
El ODS 11 de la Agenda al 2030 pretende conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales. Además, se busca preservar el patrimonio cultural y natural del mundo, hacer frente a los impactos de los desastres en los asentamientos humanos, y fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar un desarrollo de beneficio solidario.
En la actualidad, alrededor del 55% de la población mundial vive en pueblos y ciudades, (en el caso de la República Dominicana, es del 78.7%)[3]. La expansión de las ciudades ha permitido un rápido progreso social y económico, alrededor del 60% del PIB se produce en las ciudades. El problema está en que las riquezas socialmente producidas no se redistribuyen en la población empobrecida. Como por ejemplo en buenos salarios y beneficios laborales, (el 77.83% de la población asalariada gana menos de 30 mil pesos[4]), ni se traducen en políticas públicas que generen equidad y cohesión social, como acceso a educación y salud de calidad, la construcción de viviendas adecuadas, asequibles, suelos servidos y con garantía jurídica. Así como, el saneamiento ambiental, movilidad urbana y seguridad ciudadana.
Esta realidad provoca el aumento de asentamientos precarios e informales por parte de la población empobrecida; población que migró de las zonas rurales en busca de trabajo o medios de vida. En este contexto se enmarca la resolución A/RES/68/239 de la Asamblea General ONU, por la que en 2014 se estableció el 31 de octubre, como el Día Mundial de las Ciudades para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales. Para ello, se han propuestos varias herramientas con enfoques que procuran contribuir a la solución de los problemas existentes:
- La Carta de la Ciudad, firmada por gobiernos de la ciudad y organizaciones sociales en varios países. En el caso de México, “reconocen que el Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado”.
- La Nueva Agenda Urbana, que procura involucrar a la comunidad internacional, fue aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III, planteándose como una extensión del ODS 11.
Este año 2022, la celebración tiene lugar en Shanghái (China) bajo el lema "Actuar localmente para ser globales". Su objetivo es compartir experiencias y enfoques que permitan a los gobiernos locales y regionales crear ciudades más verdes, equitativas y sostenibles. Plantean que la toma de medidas desde el nivel local es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
Para impulsar este proceso de actuación localmente en República Dominicana contamos con el Foro Ciudadano y un conjunto de entidades que actúan en el territorio como son: COPADEBA, la Red Urbano Popular, COOPHABITAT, la Comisión de Vivienda y Hábitat, CIDEL, Santiago Solidario, PROMUS, CIMUDIS, ASODIFIMO, FENADI, ACOPRO,CODELA, Fundación Arcoíris, Fundación Solidaridad, IDEAC, CIPROS, FUNDOAMOR, COTEDO, CODECO, Hábitat para la Humanidad, Techo RD, FREMPROCA y Ciudad Alternativa, solo por citar algunas de las más activas.
Estas organizaciones llevan décadas demandando el acceso a la vivienda digna, luchando contra los desalojos y el derecho al suelo seguro, infraestructura y servicios básicos, el acceso al espacio público y seguridad ciudadana.
También existen organismos internacionales como la Coalición Internacional para el Hábitat que inicia con la realización de Hábitat I en el año 1976 y que se ha encargado de promover plataformas de intercambio y visibilidad del derecho a la ciudad. Está vinculada principalmente a organizaciones sociales de vivienda, promoviendo el acceso equitativo a la ciudad y el relacionar el derecho a la ciudad, a los derechos humanos. De la cual varias organizaciones de RD son miembros.
Este día internacional por el Derecho a la Ciudad, nos encuentra con desalojos compulsivos y masivos en diversas ciudades de la geografía nacional. Más de mil familias desalojadas por el Estado en los últimos dos años, miles de familias sitiadas con amenazas de desalojos como Villarpando en Azua, los barrios Valiente, Génesis, Santa Lucia, La Piedra, Campo Lindo en el Distrito Municipal de la Caleta, en Boca Chica el barrio Libertad, Cristo Rey, Altos de Chavón y Los Tanquecitos, barrio las Malvinas de Villa Mella, en Santiago el sector Guayacanal, los Cerritos y el Valentín.
Los dueños de la ciudad neoliberal detrás de la plusvalía urbana, (suelos revalorizados por el Estado y las comunidades) y que muchas veces obtienen sus títulos de forma fraudulenta con la convivencia de los gobernantes de turno, están actuando como bandas de gavilleros contra la población pobre del país.
Además, deterioro brutal de la calidad de vida urbana, la inseguridad se incrementa durante el año 2021[5], se perpetraron 1,172 homicidios en todo el país, evidenciando un aumento de 22% (211 casos), la movilidad urbana se deteriora con el congestionamiento vial[6] y la contaminación, aumento del costo de la vida supera los incrementos salariales y las canastas básicas en los últimos años. Solo entre el 2021 y lo que va del 2022 la inflación se ubica en 15.40%, (según el Banco Central), se deteriora la calidad de la salud, la educación ha retrocedido pese a la inversión del 4%, y un aumento de la inseguridad jurídica de la tenencia que contrasta con los planes masivos de titulación por parte del gobierno.
Se considera que el 40% de la población metropolitana vive en terrenos ocupados extrajudicialmente, que el total de hogares del país el 42.4% sobre de condiciones inadecuadas de hábitat y que el sector informal produce el 75% del total de las viviendas construidas anualmente, lo que no es garantía de cumplimiento de prácticas de adecuadas de construcción. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2007)
Esta combinación de factores excluye y destruye las esperanzas de la ciudadanía de a píe, empobrecidas en esta ciudad neoliberal de hoy, que funciona para quienes tienen acceso a vehículos, pagarse una seguridad privada, ubicarse en las zonas céntricas con todos los servicios básicos y de calidad, vigilancia policial y acceso a universidades y empleos bien remunerados.
La desigualdad se erige hoy como uno de los problemas emergentes más complejos, en un contexto en que la brecha entre ricos y pobres [7]se encuentra en sus niveles más altos, en RD el 1% de la población más rica recibe el 30.5% del ingreso nacional, (según el informe sobre Desigualdad en RD de la CEPAL/MEPyD, 2022). Será necesario reemplazar el enfoque económico de gobernanza de "ciudades competitivas" por un enfoque de "ciudades colaborativas", basadas en la ideología de la solidaridad y la fraternidad que sirva a los intereses de toda la ciudadanía, y no la de unos pocos.
Consideramos que la urbanización de las ciudades pensadas para la gente y no para la extracción de plusvalía podría dar la oportunidad a los pobres de una vida digna, donde se desarrollen relaciones de poder más equilibradas. David Harvey define el derecho a la ciudad como “el auge de una verdadera civilización urbana radicalmente diferente a la del modo de producción capitalista pero, en lo que se refiere a las vías y modos para alcanzarla, vuelve a invocar a los ¨movimientos de ciudadanos y los ¨ espacios de esperanza.”
[1] El texto de esta nota reproduce la Introducción de los autores al libro Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, Fernando Carrión M. y Manuel Dammert-Guardia (editores), publicado por CLACSO, Flacso Ecuador e IFEA (2019).
[2] Idem
[3] Pág. Web Naciones Unidas, Obj. 11.
[4] Dato de la Tesorería de la Seguridad Social, 2022
[5] (Centro de Análisis de Datos para la Seguridad Ciudadana CADSECI, 2021) https://www.oscrd.gob.do/index.php/en/
[6] La información ofrecida sobre la situación de la Calidad del Aire en República Dominicana permite establecer que los niveles de “partículas suspendidas” en el aire para el Gran Santo Domingo y Haina oscilan entre 43 μg/m3 y 126 μg/m3 de partículas suspendidas de (PM10), de distintos tipos de contaminantes presentes en la atmósfera de la ciudad. Esto contrasta con el nivel generalmente aceptado de partículas suspendidas para una ciudad que es de 30 μg/m3 (INFORME NACIONAL SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, HABITAT III, 2016)
[7] Con Datos del 2019