La Red Socioambiental Nacional advirtió que una ley de agua que no contemple sanciones drásticas a las extracciones de arena de los ríos, que no proponga una protección rigurosa de las cuencas y que deje sin agua a las provincias propietarias de yacimientos del líquido, será inútil para los intereses del país.

La entidad compuesta por varias organizaciones ambientalistas y sociales, entiende que el agua de la isla es el activo natural de la nación y que en ninguna circunstancia debe ser concesionada ni otorgada mediante la figura de derecho real administrativo.

Recordó que el agua es un bien protegido por la Constitución y un derecho humano garante de otros derechos fundamentales y que si se privatiza, pone en peligro esos derechos.

El colectivo de organizaciones en defensa del agua recuerda que en provincias como Santiago Rodríguez y San Cristóbal su población no recibe agua, pese a ser cuna de abundantes ríos, lo cual debe ser subsanado y tomado muy en cuenta para futuras construcciones de presas y reservorios.

La red entiende que, igual que las aguas del territorio no deben estar vinculadas a las alianzas publico privadas porque sería una forma de enajenar el bien en detrimento de los ciudadanos. Pone como ejemplo la sequía, que hace del agua un bien escaso, cuando los bienes son escasos se elevan de precios lo que implica un grave riesgo para los usuarios porque los precios podrían convertirse en un atentado a la salud y a la economía de las familias, sobre todo a las más vulnerables.

Para la Red Socioambiental Nacional resulta sintomático que en ninguna de las propuestas de ley figure el grave problema de las extracciones de arena de los ríos y mucho menos sanciones a quienes socavan los caudales de agua destruyendo el lecho y su fauna.

La entidad entiende también que la ley de agua que habrá de aprobar el Congreso, debe criminalizar las infracciones que atenten contra la vida como es justamente la extracción de arena, los incendios forestales y la destrucción de la flora.

“Entendemos que establecer solo sanción administrativa, es un incentivo a que continúe el daño al ecosistema”, sostiene.

La Constitución prioriza el agua para uso humano y Naciones Unidas la declara como Derecho Humano, pero una gran parte de la población dominicana no recibe agua con lo cual se viola ese derecho fundamental.

El agua como bien público debe ser estrictamente administrado por el Estado, bajo el debido cumplimiento de la ley.

La Red llama a la población a estar alerta sobre las pretensiones con la Ley de Agua y pide a los congresistas que piensen bien antes de levantar las manos para votarla, en las comunidades de dónde vienen, que les pasarán factura.

Puntualizó que la privatización del agua es un crimen de lesa patria y como tal será condenada por la historia la administración pública que ose hacerlo.

“Queremos ley de agua que mejore el servicio, que respete los derechos de las personas, que llegue en calidad, cantidad y a buen precio a todos los dominicanos y que la inversión para la mejoría del servicio sea parte de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos”.