El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aplicará un mecanismo de pago por servicios ambientales a partir del año próximo para que las comunidades adopten prácticas que beneficien la conservación de las fuentes acuíferas, los bosques y la biodiversidad.
La institución informó este miércoles en un comunicado sobre el sistema de retribución financiera a personas o comunidades que protejan los bosques y sistemas agroforestales, asegurando un uso del suelo que garantice el mantenimiento o la provisión de uno o más servicios ambientales.
Para crear este mecanismo se consultará a actores gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo a usuarios del Proyecto Piloto de Pago por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca del Río Yaque del Norte, proyecto que ha contribuido a regular caudales para el consumo humano, el riego y la generación hidroeléctrica, así como con la descontaminación orgánica y química de los ríos.
El desafío en la implementación de la estrategia es “cómo hacer compatible el desarrollo del país con la necesidad de contar con bosques, bien localizados para la producción forestal, que provean los servicios ambientales que necesitamos”, dijo el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González.
Explicó que la mayoría de los bosques están en propiedades que no son del Estado y que se dedican a algún renglón de la producción nacional, por lo que proponer el pago por servicios ambientales constituye el instrumento más idóneo para preservar el agua y el oxígeno que se necesita para el bienestar de todos.
El pago por servicios ambientales es una de las tres estrategias asumidas por el Estado para aumentar la cobertura boscosa del país, junto al certificado de plantación con derecho a corte y el manejo forestal sostenible.
Un taller ofrecido por expertos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica fue el punto de partida para formular la estrategia de pagos por servicios ambientales, instrumento de gestión que está establecido en la Ley 44-18, que establece pagos por servicios ambientales.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Fundación Reddom (Rural Economic Development Dominicana) , es una decisión acertada.