El sector agropecuario es el responsable de la seguridad alimentaria de un 80 % de los dominicanos, y, además, se destaca por su capacidad para satisfacer las necesidades alimenticias de la industria de viajes y turismo local, y la generación de empleos.
Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó US$ 50 millones al Ministerio de Agricultura para la ejecución del programa Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renagro), que busca contabilizar la información social y productiva de las unidades de producción agrícola de República Dominicana.
El plan que se ejecutará entre junio y agosto de este año, plantea hacer el sondeo de 1,305 áreas distribuidas en 29 zonas de ocho regiones, para conocer, a la vez, la realidad de las parcelas y unidades de producción.
El programa contempla terminar el 10 de agosto, para luego crear políticas públicas que mejoren la resiliencia ante el cambio climático, eficiencia en la productividad y tecnificación del agro dominicano.
El organismo multilateral, de acuerdo con Miguel Barruze, jefe de operaciones del BID en República Dominicana, está comprometido con el apoyo y cooperación técnica en sectores clave y primordiales para el bienestar de la sociedad civil.
Mientras, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, resaltó que con el apoyo técnico y financiero del organismo multilateral, Renagro cubrirá 1,035 áreas agropecuarias identificadas en 29 zonas de ocho regiones del país.
“Mediante entrevistas a los productores agropecuarios, el Estado dominicano podrá conocer la realidad de las parcelas y unidades de producción, para tener un conocimiento más claro de las necesidades del sector, poniendo una identidad y localización a los responsables de la seguridad alimentaria”, explicó el funcionario.
Consideró que el agro dominicano requiere de un censo actualizado para afianzar la innovación y tecnificación en el sector, enfrentar los retos como el cambio climático y el diseño de políticas públicas “más precisas” que respondan a la sostenibilidad, igualdad y efectos medioambientales.
“Es imprescindible conocer la realidad de primera mano, entender el presente de cada finca y parcela, de manera que podamos tomar decisiones informadas y pertinentes en beneficio de los productores, al tiempo que dicho registro permitirá a las instituciones estatales contar con una base unificada de datos para ofrecer servicios, crédito y asistencia técnica”, expresó Cruz.