Que la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Olaya Dotel, haya proclamado los consejos de desarrollos, provinciales y municipales, como una plataforma territorial donde la ciudadanía se apropia de sus necesidades prioritarias en negociación con el Estado, constituye una interpretación, consuetudinaria entre los funcionarios del Estado, que sitúa las construcciones mentales, conceptos y categorías, en el centro de un universo disociado de las condiciones materiales, las relaciones sociales existentes y los contextos situacionales inmediatos.
En efecto, los consejos de desarrollo, en contraposición a la valoración crítica que la politóloga hace de los mismos, están constituidos en el marco de un Estado centralizado, o modelo presidencialista, donde la capital de la República –léase el palacio presidencial– regentea las provincias, y los municipios cabeceras de provincias regentean las demás municipalidades, tal como hemos argumentado en artículos anteriores. En ese sentido, el presidente Luis Abinader Corona le ha dado continuidad, a través del Decreto 158-22, a la conformación del Consejo de Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel –léase Consejo de Desarrollo del municipio cabecera de Bonao– bajo la rígida égida de una nomenclatura esencialmente oficialista o burocracia partidaria. ¿Cómo es posible que la gobernadora, los senadores, diputados y alcaldes integren, en iteración o reciclaje perpetuo, tanto la dirección general como la comisión ejecutiva de dicho consejo?
Fue, a propósito de la rendición de cuentas del Lic. Luis Abinader, con motivo del 179 aniversario de la Independencia Nacional, que la politóloga también se refirió, en AcentoTv, a la “democratización de la inversión pública” respecto algunos proyectos gubernamentales. En ese tenor, ¿podría, asimismo, la ordenadora nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, explicar la “democratización” de la inversión pública respecto a los fondos mineros que pertenecen al municipio de Piedra Blanca? De hecho, el jefe del Estado, Lic. Luis Abinader, nombró en la dirección ejecutiva de dicho consejo, y al margen de las organizaciones sociales, a tres empresarios de Bonao para la operatividad, gestión y administración de nuestros recursos. ¿Acaso se podría “gobernar con la ciudadanía”, como pretende hacernos creer la también catedrática universitaria, en tan estrecho marco de referencia? ¿De qué manera podrían los hombres y mujeres del municipio de Piedra Blanca apropiarse de sus necesidades prioritarias, en negociación con el Estado, cuando se favorece, fundamentalmente, en las tomas de decisiones, los intereses de la plutocracia popy?
En ese orden de ideas, el criterio de la Dra. Olaya Dotel respecto a los consejos de desarrollo constituye un ejemplo más, fehaciente, de que el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo gira, esencialmente, como todos los demás, en torno a la gran megalópolis, apuntalando de esta manera la plutocracia económica enclavada en las zonas de mayor arrastre electoral, especulativo y de circulación financiera. De ahí, la imposibilidad de construir una verdadera democracia participativa, igualitaria y equitativa, donde las municipalidades tengan el derecho de alcanzar sus objetivos de acuerdo a su propia dinámica y estrategia local de desarrollo, en cooperación o independiente de la élite económica metropolitana, fuente, en parte, de las asimetrías o desequilibrios de los gobiernos locales. Así, ante un ministerio estatal hegemónico, como el MEPyD, existe la imposibilidad, igualmente, de promover el desarrollo comunitario más allá del pensamiento único que impone a las comunidades el engranaje de la monarquicracia criolla de dominio.
Ahora bien, fuera de sus íntegros propósitos, la funcionaria del Estado, Dra. Olaya Dotel, expresión concreta de las actuales estructuras predominantes, contribuye, mediante el desanudo del discurso y la praxis, o sus imaginarias conjeturas, a soslayar el vetusto espectro de la cultura política del autoritarismo y el verticalismo desde la presidencia de la República hacia las provincias, y desde los municipios cabeceras de provincias hacia las demás municipalidades. Tal es el caso, por ejemplo, de los recursos millonarios, producto de las acciones del Estado en Falcondo y del cinco por ciento de la Barrick Gold, de que se apropiaron, retuvieron o dispusieron a su antojo tanto los pasados gobiernos como el municipio cabecera de Bonao, en franco despojo y detrimento socio-económico y cultural de nuestro municipio: Piedra Blanca, la puerta del Cibao.