La iniciativa de España de trasplantar en América su normativa administrativa, obsoleta en parte de su contenido, permite inferir que su plan de conquista contemplaba la idea de “venir para quedarse”. Esta experiencia se conoció en 1499 con la designación provisional de jueces repartidores de indios, de un factor o gerente, un tesorero y un contador, cuya misión era velar por las arcas de la Corona en la Española. Para los asuntos legales, en 1511 fueron nombrados tres o cuatro oidores y un fiscal, quedando estructurada de manera permanente la Real Audiencia, como se llamaba en España a los tribunales de administración de justicia. En su obra América Hispánica (1492-1898), Céspedes del Castillo sostiene que estos funcionarios y sus auxiliares, representan el inicio de la burocracia real castellana en América, guiada por un sello más político que militar.
En tiempos de la colonia, los oficios o cargos públicos eran designados mediante capitulaciones o asientos. Virreyes, presidentes, gobernadores y alcaldes mayores o corregidores, eran parte de la burocracia política; mientras que los oidores y oficiales de la Real Audiencia representaban la profesional. Durante mucho tiempo predominó en América la designación de los funcionarios con carácter vitalicio, y con derecho a sucesión por dos o más vidas, apunta Capdequi. La búsqueda de un ´nombramiento´ se amparaba en supuestos servicios o donativos rendidos a la iglesia o la nobleza, en el parentesco con alguien de la vida cortesana, en el derecho de herencia o en la compra de cargos puestos en subasta pública. Esta práctica disminuyó con el ascenso al trono de Carlos III en 1759. Dichas compras podían darse por el pago de partidas o avances, lo que implicaba la espera de años para asumir los cargos, aunque se conocía la condonación de lo adeudado. Vale decir que España impuso un estilo de administración basado en la desconfianza, pues fiscalizaba hasta el detalle más intrascendente con las figuras de las visitas y los juicios de residencias, que evaluaban los informes rendidos por los funcionarios al término de su gestión. En realidad, se trataba de espías que escuchaban denuncias y quejas, sancionaban desacatos, amonestaban y reprendían públicamente a los infractores. ¿Primer servicio de inteligencia en América?