Es una vision acertada y por demás de gran lógica la intencion anunciada del doctor Ángel Hernández, nuestro Ministro de Educación, de dar continuidad al Pacto Educativo suscrito en 2014. El antecedente de alta reforma inmediatamente anterior a aquel de 2014 había sido el Plan Decenal de Educación 1992-2002 el cual formuló como una de las metas primordiales la formación de docentes. A su vez el Plan Decenal fue la consecuencia directa de la participacion de algunos sectores nacionales en la ‘Conferencia mundial sobre educación para todos’ celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia, la cual marcó un antes y despues en la búsqueda global destinada a universalizar la educación básica y a erradicar el analfabetismo.
Como dije antes, con la puesta en vigor del Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio, Inafocam, entró nuestro sistema educativo al nuevo siglo XXI. Aunque la emisión de la Ley que lo creó era de 1997, no sería hasta el periodo 2000-2004 cuando finalmente se definieron sus entornos y alcances. Ha sido un proceso políticamente participativo e interpartidista en el tiempo. El caso es que desde la etapa de su formulación teórica hasta la actualidad se han ido llenando huecos que hasta entonces constituían por si mismos fuertes frenos para cualquier programa de política estatal.
El Plan Decenal de Educación 1992- 2002 fue formulado mediante una estrategia de concenso nacional, inició su ejecución en 1993 y se desarrolló en el marco de la reforma más profunda hasta ese momento conocida por el país. Su implementación fue la culminación de un proceso de consulta, sensibilización, toma de conciencia, estudio, concertación y movilización de los diversos sectores de la sociedad dominicana, en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectaban el sistema educativo dominicano; las reformas que se introdujeron permitieron definitivamente aumentar su cobertura general.
El logro más significativo en este proceso fue la aprobación de la ley general de educación No. 66 en 1997. Por ella se establece una nueva organización educativa incorporando los principios de participación de la sociedad en la gestión, lo que facilitaría a futuro la creación de estructuras administrativas descentralizadas; por otro lado la 66-97 aborda el tema de la financiación y de la calidad, garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación; y regularía en el campo educativo la labor del Estado, de sus organismos y la de los particulares que recibieren autorización o reconocimiento oficial a los estudios que imparten.
Entre los resultados especificos resultó vital el conjunto de ordenanzas con carácter de ley, como la Resolución que creó el Consejo Nacional de Educacion; una mayor amplitud del Sistema, especialmente respecto a la educación básica; el aumento significaitvo de planteles, la implementacion del desayuno escolar,la dotacion de libros de texto, útiles y uniformes escolares; los nuevos curriculums en todos los niveles; la atención a los planes de formación docente.
Fue evidente el avance, pendiente hasta aquel momento, en la profesionalización del magisterio: la ordenanza 1’96 definió el currículo del programa de profesionalización de maestros bachilleres en servicio y la ordenanza 2’97 estableció el currículo de formación inicial para el profesorado de educación básica; ambas eran precisas soluciones al problema que constituia que gran parte de la enseñanza permaneciera en manos de personal sin la preparación académica adecuada.
El Plan Decenal generó un impulso definitivo a la mejoría gradual ascendente del salario -en particular el ajuste sin precedentes del periodo 2005,2006-; la creacion del nuevo centro de adultos Praleb, y Prepara;y el establecimiento de los Consejos Escolares. Dentro del marco de aquel Plan Decenal, finalmente la Ley 139-01 creó el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y estableció la normativa para su funcionamiento, los mecanismos que aseguran la calidad y la pertinencia de los servicios que presten sus instituciones, y sus bases jurídicas. Esa ley fue firmada en agosto 13 del 2001 por Hipólito Mejía.
Fue significativamente importante que la etapa comprendida en los años del Plan Decenal 1992-2002 coincidió con una reforma tributaria que posibilitó el incremento del gasto en educación en 2% del PIB. Como sabemos, no sería hasta el 2013, producto de un movimiento de masas histórico, que el Gobierno, entonces presidido por Danilo Medina, implementó el 4% del PBI para Educación.
Aquel mismo año de su implementación, 2013, inició la llamada Tanda Extendida que absorbería en alimentación para nuestros escolares del sector púbico gran parte del presupuesto. Esta revolucionaria medida,en más de un sentido beneficiosa y necesaria, provocaría automáticamente dos huecos que hasta la actualidad permanecen sin resolución satisfactoria: el primero, de orden académico, se relaciona con la necesidad de un curriculum de contenidos apropiados que completen el tiempo de permanencia de los estudiantes en las aulas después del almuerzo.
Por otro lado, a despecho de que un programa de reestructuración de edificios escolares intentó resolverlo -incluyendo más tarde en 2016 el nombramiento de un profesional de la arquitecura al frente del Ministerio de Educación- hasta el presente no se ha llevado a cabo un censo a fondo que determine la realidad real de que las escuelas existentes NO estaban, NI AUN HOY lo están, desde una mirada pedagógica,habilitadas para sustentar de modo adecuado las condiciones fisicas que se requieren a fin de que un estudiante en formación tome y comparta su hora de almolzar dignamente. Y que ese tiempo –y espacio- sea, en efecto, parte de su educación. El modelo del 4% para la educación impulsaría, en principio, ‘’el desarrollo del capital humano en la República Dominicana’’.