La interrupción del gobierno legítimamente electo del ciudadano ilustre Ulises Francisco Espaillat que a fines de septiembre del 1876 hubo de asilarse en el consulado de la Embajada de Francia presionado por caudillos que, en distintos lugares se asumían en rebeldía contra el jefe de gobierno, sin razón, que no fuera, llegar al poder y oponerse a quien conducía el mando político del estado, y otros que se resistían a dejar el poder o a alejarse del gobierno.
La presión contra Ulises Francisco Espaillat suponía que los rojos, encabezados por Ignacio María González, que sitió a la ciudad de Santo Domingo con sus tropas, logra la caída del gobierno, pero no asume el mando, sino que, los liberales azules en una lucha enmarañada entre sus diferentes grupos, que se enfrentaban para controlar el estado dominicano surgido de una guerra de casi tres años contra España, debilitándose como sector político.
Al ser nacional el estallido, produjo líderes, caudillos y generales que fragmentó en grupos la nación arruinada por una guerra que ya había sido precedida, por batallas contra el ejército haitiano durante la primera república y que, por tanto, no tenía una economía saludable, ni instituciones fueres y son esas débiles estructurales que explicarían los acontecimientos sucedidos en cadena que produjeron un corto período de gran convulsión propio a la indefinición del país surgido de esta, la más importante proeza de la reafirmación nacional: la Guerra Restauradora (1863-1865).
Precisamente el día que sale el gobierno de Ulises Francisco Espaillat, se crea la Junta Gubernativa en la capital, entre otros la componía, Pedro Tomás Garrido, Juan Zafra, y el general del partido rojo, Pablo López Villanueva. Al mismo tiempo, en Moca, los alzados decidieron formar otra junta de la misma naturaleza encabezada por Gabino Crespo y el general Juan Isidro Ortea, que decide luego retirarse a Santiago y se suma a la iniciativa del general González, sugiriendo nombres de la junta de Moca para que formaran parte del gobierno recién creado por el general Ignacio María González.
El 11 de noviembre se proclama como jefe supremo de la nación al general José María González. La lucha entre rojos y azules dejó el trago amargo de la salida de Ulises Espaillat, y los azules derrotados prefirieron no pactar con los rojos acusados de ser los responsables de la caída del presidente de Santiago, Espaillat, optando por apoyar a Báez, del partido rojo.
El primero de diciembre del 1876, piden a Buenaventura Báez los azules en Santiago, desconocer al gobierno de González. Varias renuncias en serie que se sucedieron los primeros días de diciembre debilitaron al recién constituido gobierno de González que termina con la renuncia en pleno del Consejo de secretarios de Estado, el 10 de diciembre de ese año, y es reemplazado por una Junta Provisional encabezada por el yerno de
Báez, Marcos A. Cabral, y todo sigue en familia.
Ante el nuevo gobierno, Espaillat solicita permiso para salir del país y el gobierno de Báez le remite su intención de que se quede en su ciudad natal como reconocimiento de su labor prestada con buen ejemplo a la patria, ironía de la historia, como parte de una estrategia de alianza del nuevo gobierno y que fue bien aceptada por el ciudadano ilustre que la aprovecha el 20 de diciembre para despedirse de la vida pública con las siguientes palabras, que con dejo de frustración emitió:
“El deseo de permanecer en mi país, dice a las claras que no me reservo para más tarde ni para nada, implicando al mismo tiempo la más completa abstención de los negocios públicos”
En un parangón histórico, si me lo permiten los lectores, una vez producido el golpe de estado contra el profesor Juan Bosch en el 1963, su radicalización le vino por la decepción que le produjo el fracaso del primer ensayo democrático en el país y las alianzas de todo tipo que se armaron para hacerlo saltar del poder, dejando ver una frustrada convicción del modelo democrático y de los grupos dominantes nacionales y una radicalización de su verbo, su postura política y sus decisiones y alianzas de su futuro político; cada vez más radical, pero a diferencias de Espaillat, no renunció a la vida pública, aunque lo perdimos como literato.
Buenaventura Báez llega a su 5to mandato el 27 de diciembre de ese año de 1876, tiende tempranamente un ramo de olivo a sus adversarios en febrero del 1877 y promete mantenerse dentro de los límites constitucionales que permiten un ejercicio decente del poder político. Connotadas figuras del partido azul le mostraron adhesión como Bernardo Pichardo, Leopoldo Damirón, Manuel de Jesús Galván, Francisco Gregorio Billini, entre otros y se proclama la constitución de Báez, el 10 de mayo de 1877.
Las luchas entre los contrarios, rojos y azules, no tardó mucho, y estalla con las elecciones de la Vega ganada por Casimiro N. de Moya, del partido Azul y con un fraude, desconocen los resaltados, una vez más el de validación social crea los problemas que históricamente han acompañado la vida política dominicana.
Insurrecciones, levantamientos y luchas en el Cibao y en el este caracterizaron el período de activismo político y militar que culminaron con la salida de Báez el 24 de febrero del 1878 en la comunidad de Pajarito, Villa Duarte, en la capital. Entre las travesuras de su retirada a Puerto Rico, Báez se llevó la nómica pública y no realizó el pago al tren administrativo como parte de su perfil avieso y profundamente interesado siempre, por un manejo indecoroso del erario.
Estos hechos generan cierta anarquía en la vida política de la nación y se forman dos gobiernos provisionales. En Santiago el primero de marzo encabezado por el general González y Ortea como vicepresidente, y en Santo Domingo el 5 de ese mes, que encabezaron, Guillermo Cesáreo y Francisco Gregorio Billini.
La lucha por el poder llegó al seno mismo de los azules que dividieron sus apetencias entre Gregorio Luperón y el general Guillermo Cesáreo, y que fue aprovechado este conflicto por el general Ignacio María González que se instala en la capital y toma la presidencia por tercera vez.
Sitiada la ciudad de Santo Domingo, González dimite el 31 de agosto de 1878 y se instala Jacinto Castro como jefe de la Suprema Corte ocupando el poder por sugerencia de Guillermo Cesáreo y Ulises Heureaux, quienes habían encabezado el sitio de la ciudad capital. La muerte del candidato del partido rojo, Manuel A. Cáceres el 17 de octubre, crea una inestabilidad política y luchas en distintos lugares del país, sobre todo, en Azua con un alzamiento militar. En medio del desorden político que vivía la nación, el cubano Juan Amechazurra (quien huía de los conflictos militares de Cuba), inaugura el primer ingenio industrial en Angelina, San Pedro de Macorís en el 1879, el 9 de septiembre, a pesar de la dislocada vida política nacional.
El gobierno de Guillermo Cesáreo del 27 de febrero de 1879 inicia otro período de inestabilidad política al que le suceden, un golpe de estado, fusilamientos, la revolución de Puerto Plata, combates, y formas de gobiernos autoritarios, expresión de una prolongada y múltiple lucha caudillista alimentada esta vez, por el liberalismo azul que creó generales y líderes en todo el territorio nacional, convertidos cada uno, en un caudillo y por tanto, desconociendo las instituciones y un poder central; caudillismo del que todavía sufrimos en la sociedad dominicana de hoy.
La revolución de Puerto Plata del 7 de octubre encabezada por Gregorio Luperón y Ulises Heureaux, desconoce al gobierno de Guillermo Cesáreo y proclama un gobierno provisional con Luperón como cabeza, declarando a Puerto Plata como capital interina de la República para esa fecha, y el 6 de diciembre fracasa el gobierno de Guillermo Cesáreo, capitulando en el Pajarito de Villa Duarte, entregando el mando a Ulises Heureaux-Lilís-, que pasa a ser Ministro la Guerra del gobierno provisional.
Por sus acciones, este gobierno provisional de Gregorio Luperón es considerado como de los mejores, junto al del ilustre Ulises Francisco Espaillat, aunque, de temperamento agresivo y algo autoritario, en sus formas de conducción personal y política. En una medida poco común entre los políticos dominicanos, cede el mando en elecciones constitucionales, dando continuidad de estado.
En todo caso, Luperón admite que, por su condición de hombre del sable y la necesidad de que el país fuere dirigido por una instancia civil, sugirió al arzobispo Meriño como su sustituto previo al proceso democrático que lo legitimara, cediendo el poder tranquilamente. Eso se llama tener sentido de la historia. Es así como el arzobispo Meriño asume, el primero de septiembre de 1880, la presidencia de la república.
Entre luchas caudillistas, alzamientos y conspiraciones, se inició una nueva incertidumbre que comenzaron en mayo del 1881, con un movimiento revolucionario impulsado desde el exilio por el general Guillermo Cesáreo a la que le siguió el alzamiento del general Braulio Álvarez en San Cristóbal, además de fusilamientos y exilios, interrumpiendo muy temprano el gobierno del arzobispo Meriño.
A estos hechos conspirativos se sumó una expedición desde Puerto Rico de Guillermo Cesáreo, que derrotado por Ulises Heureaux, en las montañas del este en la zona conocida como la Loma del Cabao, sus tropas dispersas huyen, otros fueron hechos prisioneros y se produjo la huida a Haití del general Cesáreo.
En septiembre del 1882 asume el gobierno después de unas elecciones organizadas por mandato de los órganos estatales para esos fines, el general Ulises Heureaux como presidente y Casimiro Nemesio de Moya, como vice. Todavía era liberal y del partido Azul, Ulises Heureaux-Lilís-; más tarde se aleja del liberalismo y de los azules, se alía con los rojos, se hace autoritario en su práctica política y se convierte en un dictador, con altas y bajas en su ejercicio gubernamental, más bajas que altas, fueron sus méritos.
Estos hechos de la historia recuperan la inefable manera del discurrir accidentado de nuestro pasado, de sus líderes y de sus insistentes y reiteradas ansias de poder y del continuismo caudillista que ha lacerado la enmarañada historia política de nuestro país.