La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) respaldó en voz de su presidente, Julio César de la Rosa, la eliminación de los "privilegios" en la Ley de Cine, argumentando que los fondos aportados por el Estado a la industria cinematográfica nacional no han logrado transformar al sector en cuanto a su rentabilidad.
La reforma fiscal presentada el lunes por el Gobierno plantea la eliminación de incentivos fiscales a la industria del cine dominicano.
El titular de esta organización no gubernamental (ONG) afirmó que desde el año 2013, cuando entró en vigor esa norma, el Estado dominicano ha destinado más de 16 mil 800 millones de pesos para financiar 235 películas producidas localmente.
Sin embargo, las ventas obtenidas por esos proyectos en los cines han sido de menos de 2 mil millones de pesos, (1,979 millones) lo que equivale a menos del 12% del costo total de producción, dijo De la Rosa en un comunicado.
"Esta situación se ha mantenido así desde 2013, lo que evidencia que el apoyo del sector público no ha sido aprovechado para que los productores locales hagan sus negocios rentables", agregó.
Cifra con la que se construyen más de 15 hospitales
"En 2023, el Estado destinó 7,400 millones de pesos a la industria del cine, una cifra que equivale al presupuesto para la construcción de más de 15 hospitales de nivel 1 y 2″, afirmó.
Con respecto a las películas extranjeras filmadas en el país durante 2023, expuso que dos de ellas tuvieron presupuestos combinados superiores a los 9,174 millones de pesos, de los cuales el 65 % fue destinado al pago de personal y empresas no residentes en República Dominicana, lo que, según él, no genera un impacto positivo en la economía local.
"No tiene ningún sentido que el Estado esté subsidiando casi por completo el componente local sin recibir ninguna retribución por los resultados de esas películas extranjeras", subrayó.
Reforma fiscal
Sobre la reforma fiscal, opinó que debió haberse implementado hace mucho tiempo, pero señaló que "la clase política en campaña rehuía el tema".
Explicó que la última reforma fiscal profunda se llevó a cabo hace 32 años, en 1992, y que la falta de ajustes ha generado un mayor endeudamiento, lo que limita la capacidad del Estado para realizar inversiones necesarias debido al elevado pago de intereses de la deuda.
"Por ello nosotros valoramos el arrojo que ha tenido el Gobierno de presentar este proyecto de reforma fiscal", manifestó.