Las calles de Haití vuelven a incendiarse cuando se cumple el plazo para que el actual primer ministro, Ariel Henry, abandone el poder.
Desde que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en julio de 2021, Haití vive sumido en la interinidad, sin jefe de Estado y con un gobierno en funciones, una situación a la que debía haber puesto fin una convocatoria de elecciones en 2023.
Pero Henry, que había sido elegido por Moïse como su primer ministro apenas 24 horas antes de su muerte, no ha cumplido con el acuerdo al que llegó en diciembre de 2022 con los representantes de los distintos partidos políticos y organizaciones de sociedad civil del país para celebrar comicios en un año.
El primer ministro ha argumentado que el empeoramiento de los niveles de violencia de las pandillas hace imposible garantizar unas elecciones libres y justas por el momento.
Esto ha desencadenado violentas protestas en todo el país que piden su destitución.
Las tensiones han ido en aumento en los días previos al 7 de febrero, una fecha simbólica para los haitianos, ya que marca el fin de la dictadura que inició François Duvalier y continuó su hijo Jean-Claude hasta 1986 y es la fecha en la que tradicionalmente los presidentes haitianos toman posesión de su cargo.
El repetido fracaso en la celebración de elecciones, no solo presidenciales sino también legislativas, significa que Haití no ha tenido un solo funcionario gubernamental electo desde que expiró el mandato de los últimos senadores electos en enero de 2023.
Las pandillas
Haití ha estado sumido en el terror de las pandillas durante años.
La frustración y la furia por el vacío político, así como por los impactantes niveles de violencia, que según cifras de las Naciones Unidas han desplazado internamente a casi 314.000 personas, han alimentado las protestas.
Además, casi la mitad de la población, 4,7 millones de haitianos, padece de hambre aguda. En la capital, unas 20.000 personas viven en condiciones de hambruna, según la ONU, y el cólera está resurgiendo.
En el incidente más reciente, la policía mató a cinco miembros armados de una patrulla medioambiental que, según algunos, se ha transformado en un grupo paramilitar.
"El país está siendo rehén de las bandas. No podemos comer. No podemos enviar a nuestros hijos a la escuela", denunció un manifestante a la agencia de noticias AFP.
Otro manifestante dijo a la AFP que "este miércoles (en referencia al 7 de febrero) es el día D, es el día en que Ariel Henry debe dejar el cargo".
La ya de por sí tensa situación se ha visto exacerbada por el regreso de Guy Philippe, un exjefe de policía que desempeñó un papel clave en el derrocamiento del expresidente Bertrand Aristide hace 20 años.
Philippe fue repatriado a Haití en noviembre desde Estados Unidos, donde había cumplido una condena de prisión tras admitir haber aceptado sobornos para proteger cargamentos de narcóticos.
Desde su regreso, Philippe ha estado compartiendo mensajes de vídeo en las redes sociales en los que llama a una "rebelión" contra Henry.
El martes, además, fue visto en la capital, Puerto Príncipe, estrechando la mano de sus seguidores. Más tarde llamó a un programa de radio en directo y dijo a los oyentes que "la lucha es sólo el comienzo".
Enfrentamientos
Las tensiones aumentaron aún más cuando la policía se enfrentó a miembros armados de la Brigada de Seguridad para Áreas Protegidas de Haití, conocida como BSAP, y mató a tiros a cinco de ellos.
Se rumorea que algunos de los miembros de BSAP son aliados de Philippe y la brigada ha sido acusada de haberse convertido en un grupo paramilitar en lugar de una agencia de protección ambiental.
Henry ha tratado de controlar el poder de la brigada despidiendo al jefe del departamento a cargo del grupo, pero esa medida enfureció aún más a sus miembros.
También ha pedido a las Naciones Unidas que envíen una fuerza internacional a Haití para ayudar a controlar las pandillas, pero hasta ahora sólo Kenia ha prometido enviar policías.
Esta ayuda ha quedado en suspenso, sin embargo, después de que un tribunal del país africano bloqueara el despliegue.
La profunda crisis que vive el país ha sido descrita por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como "una pesadilla viviente".
Algunas zonas de la capital, Puerto Príncipe, que está rodeada de montañas, están controladas o regularmente aterrorizadas (algunas estimaciones dicen que el 80%) por pandillas fuertemente armadas.
Estas bandas, con nombres en criollo haitiano como "Kraze Barye" (Barrera-Aplastadora) y "Gran Grif" (Gran Garra) han estado robando, saqueando, extorsionando, secuestrando, violando y matando durante los últimos dos años.
Portando armas automáticas traídas de contrabando en su mayoría desde Estados Unidos, los pandilleros a menudo están mejor armados que la policía local y, en ocasiones, hasta queman sus vehículos y estaciones.
Las pandillas controlan o atacan periódicamente las principales rutas de entrada y salida de la capital.
Una anarquía similar afecta a grandes áreas del oeste y centro de Haití, donde los "bandidos" ambulantes, como llaman los lugareños a los miembros de las pandillas, invaden y queman pueblos y ciudades.
Las bandas han causado caos, han perturbado los servicios públicos y el trabajo de las agencias de ayuda humanitaria, lo cual ha empeorado la pobreza y los problemas de salud en una nación que ya era la más pobre del hemisferio occidental.
Ni siquiera el último presidente de Haití estuvo seguro en su propia casa. Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por hombres armados en julio de 2021. La policía culpó a mercenarios colombianos, de los cuales unos 20 fueron arrestados.
El asesinato del presidente creó un vacío que las pandillas han estado compitiendo por llenar.
Los expertos aseguran que detrás de los grupos armados hay figuras políticas corruptas, tanto en el poder como en la oposición. Suministran a las bandas armas, financiación o protección política. A cambio, las pandillas hacen el trabajo sucio, generando miedo, apoyo o inestabilidad, según se requiera.
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