Las críticas de organismos internacionales hacia muchas de las políticas y estrategias de Nayib Bukele chocan de frente con la gran aceptación popular que el presidente de El Salvador mantiene entre la población de su país tras más de tres años de mandato.
A una de las últimas, el estado de excepción vigente desde marzo por un incremento de la violencia, le siguió un descenso en el número de homicidios pero también duras condenas de organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias de personas inocentes y muertes en las sobrepobladas cárceles del país.
Entre acusaciones de autoritarismo por parte de diferentes sectores, Bukele gobierna con extrema comodidad después de que su partido lograra el año pasado junto a sus aliados una aplastante mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.
En esos mismos comicios también fue elegida diputada Claudia Ortiz, una abogada de 35 años procedente de la sociedad civil -trabajó más de una década en la Fundación Nacional para el Desarrollo, un centro de pensamiento salvadoreño-, que se presentó bajo las siglas de Vamos, un partido recién formado que se autoubica en el centro dentro del espectro político.
Frente al aparente silencio y pérdida de influencia de los partidos tradicionales que se alternaron en el poder en el pasado (FMLN y ARENA, hoy con apenas un puñado de diputados), Ortiz ha ganado visibilidad como una voz emergente que hace frente con vehemencia al partido en el poder y le exige que rinda cuentas ante la falta de información pública sobre asuntos trascendentales, como la inversión del gobierno en bitcoin que fue declarada moneda de curso legal en El Salvador hace más de un año.
En la siguiente entrevista, Ortiz reflexiona sobre la situación actual de la seguridad y economía salvadoreña, la gestión que el gobierno está haciendo al respecto y el rol de la oposición en un escenario donde el partido de Bukele goza de grandes apoyos.
BBC Mundo volvió a solicitar una entrevista al presidente Bukele para conocer su opinión sobre los mismos asuntos pero no obtuvo respuesta.
Comenzando por lo más reciente, ¿qué opina del despliegue masivo de soldados en Soyapango para hacer frente a las pandillas que el gobierno puso en marcha hace unos días?
Evidentemente, El Salvador ha tenido problemas relacionados a la seguridad pública gravísimos. La pregunta es ¿por qué no usar a la Policía Nacional Civil? Desde mi punto de vista, el despliegue militar no es una casualidad.
El Salvador no debería aspirar a ser un país militarizado, un país donde se utilice la fuerza armada para prácticamente todo. Esa historia ya la estamos viendo en Nicaragua y vemos cuáles son las consecuencias.
No me sorprende que el presidente Bukele haga un despliegue mostrando la capacidad militar que tiene El Salvador. Está haciendo algo popular de cara a las cámaras, de cara a la prensa internacional y sobre todo de cara a la población.
Como con el régimen de excepción actual, que encarcela pandilleros y al mismo tiempo se está pasando por encima de una parte importante de la sociedad civil que no es culpable de nada de lo que se les atribuyen.
Ante la actual falta de garantías constitucionales se ha abierto el espacio para que gente inocente no pueda defenderse.
Pero son muchos los salvadoreños que aplauden estas medidas porque aseguran que han mejorado la seguridad. Y es evidente que se han reducido las cifras de homicidios en el país desde entonces
Eso es algo que no se puede negar, pero sí se puede explicar. Cualquier muerte violenta que se pueda evitar es una ganancia. La cuestión es ¿a qué costo se están logrando estos meses de mayor seguridad?
Hay suficientes reportes periodísticos serios que muestran que esta administración podría haber realizado acuerdos ilegítimos con grupos de crimen organizado. Pero si no hay transparencia de cómo se están logrando estos resultados, no estamos hablando realmente de una solución definitiva, sostenible o a largo plazo.
Una tregua es la vía fácil e inmediata, la que da resultados, titulares y fotos. Pero yo estoy convencida de que se puede conseguir la seguridad por una vía legal, sin pasar por encima de los derechos de la población civil, de los debidos procesos y de la legalidad.
Ir a lo profundo de los problemas y generar las condiciones para que puedan mantenerse en el tiempo es lo que no se está haciendo y esos son mis reparos al régimen de excepción.
Estamos dando resultados en este momento, pero ¿qué va a pasar después? ¿Habremos alimentado un monstruo que no podremos controlar? ¿Qué tendrá que hacer el Estado para mantener esto a raya? ¿Y qué poder se les está otorgando a estos grupos?
Este estado de excepción ha sido duramente criticado por organizaciones que acusan vulneraciones de derechos humanos, igual que lo fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General el año pasado… pero Bukele continúa gozando en encuestas de gran aceptación entre los salvadoreños. Muchos aseguran que quienes lo critican es porque no viven allí y no conocen la realidad del país. Usted, como salvadoreña, ¿a qué cree que se debe este éxito?
La población salvadoreña está en un momento de la historia en el que no da un apoyo gratuitamente. El apoyo y la popularidad que presenta el presidente tiene que ver con que ha hecho cosas muy concretas, pero no necesariamente sostenibles o integrales.
El escenario actual es una muestra de lo que las encuestas de opinión pública y de cultura política han mostrado: que la población salvadoreña está y ha estado dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad. Que hay una disposición de perder la libertad a cambio de tener seguridad.
La gente que vive acá se encuentra en una disyuntiva: ven que en el tema de seguridad hay una solución inmediata y concreta que se percibe, pero al mismo tiempo, también las mismas encuestas muestran cómo la gente está en desacuerdo en la forma en la que se está haciendo el régimen de excepción, violentando los derechos de personas inocentes, generando abusos de poder, desdibujando cuales son los límites de la autoridad pública y generando inseguridad jurídica, sobre todo para las poblaciones más vulnerables que están en menos capacidad de poderse defender frente a los abusos del Estado.
Entonces puede haber aceptación de una política mientras no me toque a mí, mientras no abusen de mis derechos o de los de un familiar que puede ser inocente en el marco del régimen de excepción.
También las encuestas muestran un apoyo mayoritario a una posible reelección de Bukele para un segundo mandato, tal y como él pretende, aunque expertos juristas aseguran que la Constitución no lo permite. ¿Le preocupa esta aspiración y el rumbo que podría tomar el país?
Por supuesto, porque violentar la Constitución salvadoreña en un punto donde es tan clara y reiterativa respecto a prohibir la reelección, es una evidencia de que se está dispuesto a violentar toda normativa legal para llevar a cabo un proyecto personal.
Con el anuncio de la reelección han mostrado que están dispuestos a usar la popularidad del presidente para violar la Constitución. ¿Por qué no se aceptaba la reelección como un hecho jurídico con anteriores presidentes? Porque, evidentemente, no se podía.
Si es tan bueno el proyecto de Nuevas Ideas (el partido de Bukele), ¿por qué no se reelige el partido a través de otro candidato presidencial? ¿Por qué se insiste en seguir en la figura del presidente? ¿Es acaso que este es un proyecto no de partido, es un proyecto familiar, personal?
Antes hacía una comparación con Nicaragua. ¿Cree que puede acabar El Salvador en una situación de crisis política y social como la que se vive allí?
Ya está pasando. O como lo que vemos en otras latitudes donde un mandatario logra hacerse del poder y de las instituciones que deberían estarle controlando. Eso lo vemos en Nicaragua, en Venezuela también, y en nuestro país hay familiares del presidente que sin tener un cargo público tienen gran influencia.
En El Salvador ya hay muchos parecidos con Nicaragua: acoso a ONG, a la comunidad internacional, a organizaciones de sociedad civil que denuncian ataques a los derechos humanos, a la prensa…
Y ante esta gran aceptación popular y la rotunda mayoría del partido de Bukele en la Asamblea, ¿qué poder real tienen desde la oposición? ¿Se sienten como David frente a Goliat?
La oposición debe estar para representar a aquellos que defienden causas justas. Nosotros no estamos oponiéndonos a Bukele. Él no es el centro del universo, no es el centro del debate aquí en El Salvador: son las luchas y las causas de la gente por un país diferente que le garantice dignidad y justicia.
En la medida que las decisiones que se están tomando violentan esas causas y esos derechos, entonces estamos ahí para representar a aquellos que necesitan que haya una voz desde las instancias oficiales de representación política.
¿Pero no se llega a sentir algo de frustración ante una mayoría clara del partido en el poder que les dificulta a ustedes llevar adelante sus propuestas?
En el caso de los otros partidos que han gobernado en el pasado, es evidente que a veces hay frustración.
Pero para nosotros, que somos un partido nuevo en la política, es ganancia estar acá por ser una plataforma importantísima desde la que construir la alternativa a este gobierno, que no es lo que este país se merece. Podemos tener no frustración, sino esperanza.
Aunque sí es cierto que hay toda una práctica de acoso institucional, de limitación de los espacios de participación a diputadas y diputados de oposición. Pero para mí es un honor representar a la ciudadanía, representar una visión diferente y plantarnos y no callarnos. Creo que se puede construir mucho desde ahí.
¿Qué cree que le distingue a usted respecto a los grandes partidos tradicionales como el FMLN o ARENA que hoy están en la oposición, y cuál es su estrategia para marcar la diferencia?
La coherencia y la independencia que nos da no tener un pasado por el que se nos pueda señalar.
Fundamos un partido político que no se desprende de ningún otro partido previamente existente, un partido hecho de ciudadanos comunes y corrientes para que quienes se consideran independientes de las grandes fuerzas que han gobernado el país puedan encontrar también donde participar.
La aspiración ha sido modelar un nuevo rol de funcionario público, de diputado, diputada, de ser político. Y en este momento nos toca ser oposición, lo cual tiene un valor porque debe haber un contrapeso, un cuestionamiento a quién está ejerciendo el poder desde el oficialismo.
Y en algún momento nos tocará quizá ser gobierno y entonces tendremos que respetar a las minorías, nos tocará respetar a la oposición y ejercer el poder de forma abierta, más democrática.
¿Hasta qué punto cree que los gobiernos anteriores de esos dos grandes partidos tradicionales, ahora en la oposición, son también en parte responsables del éxito actual de Bukele?
En parte puede ser así. Durante años, muchas demandas de la población no fueron escuchadas. Había un vacío de poder y eficacia en políticas públicas que fue aprovechado por Bukele como outsider para luego montar un esquema con las mismas prácticas de quienes gobernaron en el pasado.
Y claro, si las administraciones anteriores no supieron responderle a la población, pues ya hemos visto en muchísimos otros casos que líderes con vocación autoritaria van a capitalizar eso, ese descontento para un proyecto personal de acumulación de poder.
Pero también creo que es importante el hecho de que haya espacio para todos los pensamientos políticos, porque actualmente lo que estamos viviendo es un intento de que no exista debate político de ideas, de callar las voces críticas, las independientes, por callar la disidencia.
Hablando de otros temas, ¿qué opina de que el presidente continúe apostando por el bitcoin como moneda de curso legal pese a la estrepitosa reciente caída de su valor? ¿Cómo puede acabar impactando al país?
La firme apuesta de Bukele por el bitcoin nos ha hecho el hazmerreír del mundo y esta administración es la única que no se ha dado cuenta.
Es cada vez más evidente que fue una apuesta equivocada y con el agravante de que la información relacionada a esas decisiones no es de acceso público a la ciudadanía, como por ejemplo la inversión millonaria o la supuesta compra de bitcoin que ha anunciado el presidente, sin ningún registro público y ninguna ley que lo habilite para ello.
No se sabe a ciencia cierta cómo le afectó al país, porque no hay información suficiente. Lo que podemos decir es que esos recursos se lograron de parte del Estado bajo condiciones muy cuestionables de contratación o de decidir quién iba a implementar toda esa infraestructura, por ejemplo.
Esos millones de inversión fueron una apuesta económica equivocada que puede ser un gran error o una gran estafa, pero no pueden ser las dos cosas.
¿Cuánto se podría haber hecho con ese dinero para necesidades reales, actuales, urgentes en El Salvador? Nos afecta porque somos un país pobre y endeudado donde no nos sobra el dinero para andarlo apostando con sistemas como el bitcoin.
¿Cree que la comunidad internacional no se ha posicionado lo suficiente o no ha prestado atención a lo que ha ocurrido en El Salvador en los años recientes?
Sí, considero que la comunidad internacional podría activar mecanismos que muestran la solidaridad con El Salvador, pero también la apuesta decidida por las instituciones democráticas.
¿Y por qué debería interesarle al mundo lo que pasa en El Salvador? Porque las prácticas que está llevando a cabo esta administración son atractivas para otros líderes con vocación autoritaria: los regímenes de excepción, los cercos militares, el mismo bitcoin, buscar la reelección, usar la práctica de limitación de la libertad de prensa…
Todas esas malas prácticas antidemocráticas son contagiosas y por eso debería importarle a la comunidad internacional, y porque todo lo que se ha invertido en cooperación en nuestro país podría caer en saco roto.
Todo lo que se ha invertido para el desarrollo de la población salvadoreña y para el fortalecimiento de las instituciones democráticas se desmoronó en una noche al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y luego nombrar otros en el acto, sin ningún tipo de evaluación de sus perfiles.
El Salvador no tiene una instancia que controle el poder, que vele por los derechos de los ciudadanos, y eso abre la puerta a masivas violaciones de derechos humanos con el argumento de que se está trabajando por la seguridad pública.
¿Cuál cree que es -o cuál debería ser- la mayor preocupación de los salvadoreños?
Perder los espacios para defender sus derechos y para que sus problemas reales sean escuchados, independientemente del partido al que apoyen y de si apoyan al gobierno actual o no. Y que en el mediano plazo ya no existan mecanismos efectivos para limitar el poder de los gobernantes.
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