Con menos de dos meses en el poder, el gobierno de Javier Milei se enfrenta a una serie de protestas en rechazo a sus reformas liberales.
El detonante más reciente es el debate parlamentario del paquete de reformas legislativas que presentó en diciembre, la llamada “ley ómnibus”.
Se trata -según definió el propio mandatario- del más profundo de los tres paquetes de reformas que presentó en sus primeros 20 días en el poder.
Milei llevaba apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 “medidas de emergencia” para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación brutal del peso, que perdió la mitad de su valor contra el dólar en un solo día.
En su segunda semana como presidente dio a conocer un “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) que modifica o deroga 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía, un "megadecreto" que ha sido denunciado ante la Justicia, y cuyo anuncio desató una serie de “cacerolazos” (protestas de vecinos golpeando cacerolas).
Pero las manifestaciones se intensificaron con la presentación de la tercera pata de las reformas del presidente "libertario": la "ley ómnibus", que en su formato original contenía más 660 artículos (luego se redujo a cerca de la mitad, tras las concesiones del gobierno para lograr que el paquete de normas sea aprobado).
Según Milei, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos -tal su nombre oficial- es su propuesta más profunda porque contiene “dos tercios” de todas sus reformas.
Reformas a las que se oponen los principales sindicatos -que ya organizaron un paro general– y los partidos de oposición, cuyos militantes vienen protestando frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados empezó a debatir la propuesta, en maratónicas sesiones extraordinarias.
Durante las manifestaciones ha habido fuertes choques con la policía, que aplican un "protocolo de seguridad" que restringe la protesta en espacios públicos.
Los enfrentamientos escalaron y tomaron un giro violento el jueves por la noche.
Policías y gendarmes dispararon balas de goma, gas lacrimógeno y cañones hidrantes para tratar de dispersar las protestas. Varias personas resultaron heridas, entre ellas periodistas y un asesor parlamentario.
Pero, ¿en qué consiste la llamada "ley ómnibus" y por qué es tan polémica?
¿Qué dice la “ley ómnibus”?
Mientras que el “megadecreto” de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso.
“El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni.
De los cerca de 380 artículos que quedaron, el más llamativo -y preocupante, según sus detractores- es el que pide declarar “la emergencia pública" en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que le daría al presidente "facultades extraordinarias" para decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso.
La propuesta original contemplaba pedir poderes especiales para reformar muchas más áreas, incluyendo la fiscal, previsional, sanitaria y la de seguridad y defensa, pero el gobierno redujo en más de la mitad las "emergencias" para lograr que se apruebe el paquete.
También se recortó el tiempo que durarían estas facultades: se había propuesto que fuera por un período de dos años, que el propio Ejecutivo podía prorrogar por otros dos; es decir, hubieran durado todo el mandato de Milei.
La propuesta actual que debate el Congreso redujo ese plazo a un año, con posibilidad de extenderlo otro más, pero con la aprobación del Parlamento.
Privatizaciones
Otra área en la que Milei hizo concesiones es la relacionada con la privatización de empresas del Estado.
El paquete original proponía declarar “sujetas a privatización” a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del estado.
Esto afectaba a 36 empresas, incluyendo a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
El texto actual redujo el número de compañías pasibles a ser privatizadas a 27.
Entre ellas están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, la agencia oficial de noticias Télam, Fabricaciones Militares y la empresa de agua AySA.
Otra novedad es que se dispone que para cada privatización deberá intervenir la comisión parlamentaria bicameral destinada a dicho fin.
Límites a las protestas
Uno de los temas de la "ley ómnibus" que más enoja a sus detractores es el capítulo que impone nuevos límites a las manifestaciones.
La propuesta aumenta las penas a hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado".
La pena será aún mayor si se extorsiona a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social.
En tanto, la propuesta del gobierno les da más poderes a las fuerzas de seguridad, eliminando las penas a quienes utilicen armas "en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
En la actualidad el Código Penal solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
Viabilidad
Milei ganó las elecciones en noviembre pasado con casi el 56% de los votos, por lo que -a su entender- cuenta con el respaldo de la mayoría de los argentinos para realizar sus reformas.
Sin embargo, su triunfo se dio en un balotaje.
En la primera vuelta electoral -la que vale para obtener escaños en el Congreso- sacó apenas el 30% y quedó segundo, a 7 puntos del kirchnerismo-peronismo, que logró la mayoría en ambas Cámaras.
Con esos resultados electorales, La Libertad Avanza hoy cuenta con unas 40 bancadas en Cámara de Diputados y solo 7 en el Senado. Eso representa cerca de un 15% de todo el Congreso.
Por ello, para aprobar la "Ley bases" deberá contar con todo el apoyo de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, que quedó al borde de la fractura por sus diferencias respecto a su alianza con Milei.
Mientras el Congreso debate la “ley ómnibus” en extensas sesiones extraordinarias, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias, a partir de marzo, para saber cómo se desarrolla el “megadecreto”, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre (con excepción del capítulo referido a las reformas laborales, que fueron frenadas en la Justicia).
A diferencia del paquete legislativo -que si es aprobado por Diputados deberá pasar por el Senado para ser sancionado- el decreto de necesidad y urgencia no será votado artículo por artículo. Deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las Cámaras, y con solo tener el visto bueno de una quedará vigente.
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