En España entró en vigor la polémica ley de amnistía para los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán (procés).
Corresponde ahora a los jueces estudiar los casos de los potenciales beneficiarios y tendrán dos meses para aplicar la norma.
La iniciativa había sido pactada en noviembre de 2023 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo que permitió la investidura del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La ley fue aprobada por el Congreso el 30 de mayo pasado con 177 votos a favor y 172 en contra.
Tras el voto, las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas calificaron la jornada como "histórica".
"En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino", publicó el propio Sánchez en X (antiguo Twitter), poco después de la votación.
La ley, con la que el gobierno espera poner fin a todas las causas judiciales relacionadas con el procés, busca favorecer "la normalización institucional, política y social en Cataluña", según indica su propio nombre.
Pero para la oposición, liderada por el Partido Popular (centro-derecha), la norma no es sino un "intercambio de poder" a cambio de "privilegios e impunidad", comentó en el momento su líder, Alberto Núñez Feijóo.
Para el líder del PP, "comprar una presidencia a cualquier precio" tiene consecuencias y jurídicamente "será cuestión de los tribunales la derrota de la ley".
También se opusieron a la ley la ultraderecha de Vox y dos pequeños partidos regionales.
En qué consiste la ley
Mientras que el indulto perdona un delito cometido y por el que se ha castigado a su autor, la amnistía perdona o, de alguna forma, olvida el delito y exime a su autor de ser juzgado por ello.
La ley de amnistía aprobada en mayo por el Congreso de los Diputados en España exime de castigo los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 vinculados con el "proceso independentista catalán".
Entre ellos se encuentra la organización y celebración de las dos consultas independentistas declaradas inconstitucionales por la Justicia española -el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consulta popular del 9 de noviembre de 2014-, así como otros actos relacionados "que acreditan una tensión política, social e institucional".
Entre los delitos que podrán ser amnistiados están, por ejemplo, la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia o desórdenes públicos, solo cuando estén relacionados con el procés.
Quedan excluidos de la ley, entre otros, "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo" según la directiva europea de 2017, los que hayan podido causar la muerte, aborto o graves lesiones o los tipificados como torturas o tratos inhumanos graves.
Quién puede beneficiarse
Ahora que la ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, los tribunales tendrán dos meses para ponerla en marcha, lo que anulará los procesos abiertos contra cerca de 400 personas encausadas por el procés.
Organizaciones independentistas como Òmnium Cultural elevan esa cifra a más de 1.400 personas.
De la ley de amnistía podrán beneficiarse políticos, cargos públicos, policías y ciudadanos anónimos.
Entre ellos, el más destacado es el expresidente del gobierno autónomo de Cataluña Carles Puigdemont, que huyó de España en 2017, pocas semanas después de la celebración del referéndum de independencia.
Este plebiscito dio pie a una declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del gobierno autónomo y a la apertura de numerosas causas judiciales contra sus promotores.
Desde su huida, Puigdemont ha estado viviendo en Bélgica, donde pudo presentarse a las elecciones al Parlamento europeo y salir elegido como diputado.
Sobre él pesa actualmente una orden de detención, así como sobre el resto de independentistas fugados.
Otro político secesionista que también se verá afectado por la medida es Oriol Junqueras, quien fuera vicepresidente del gobierno catalán y actual presidente de ERC.
Junqueras fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, pero fue indultado por el gobierno de Sánchez en 2021.
Sí se le mantuvo la pena de inhabilitación para ejercer un cargo público, que ahora sería revertida por la amnistía.
Otros políticos vinculados al procés, tanto los que se fugaron en 2017 como los que se quedaron y fueron condenados y posteriormente indultados, también se beneficiarán de la nueva ley.
También lo harán los alcaldes, concejales o funcionarios públicos vinculados a la organización del referéndum, o los exdirectores de la televisión y la rádio pública catalanas, investigados por posible malversación de fondos.
Asimismo, los policías y guardias civiles procesados por delitos de lesiones en las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre (entre 70 y 90, según las fuentes), podrán acogerse a la amnistía.
Entre los ciudadanos que también podrán ser amnistiados se encuentran los que fueron encausados por los graves disturbios desatados en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre.
Cómo se aplicará la ley de amnistía
La tramitación de la ley ha sido tortuosa por la oposición de PP y Vox, y su aplicación no parece que vaya a serlo menos.
Con su entrada en vigor, los tribunales deberán levantar todas las medidas cautelares que estuvieran vigentes, entre ellas las órdenes de detención, como la que pesa sobre Carles Puigdemont.
Pero los tribunales -el Tribunal Supremo, en el caso del expresidente catalán- deberán aplicarla caso por caso, y cada juzgado deberá pedir antes opinión a la fiscalía y al resto de partes personadas en el procedimiento, lo que va a producir una multitud de situaciones dispares.
La ley puede ser, además, recurrida ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado que harán distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Algunos expertos han cuestionado su constitucionalidad al considerar que favorecería a unos ciudadanos en detrimento de otros.
Tampoco se descarta que los distintos jueces recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría paralizar su aplicación hasta que se pronuncie sobre ella.
Desde su llegada a la Moncloa, la sede del gobierno español, en 2018, una de las prioridades de Pedro Sánchez ha sido la de relajar las tensiones con Cataluña, que dominaron el debate político español durante años.
La amnistía, cree el gobierno central, puede dar carpetazo a este proceso.
Sin embargo, la ley de amnistía también ha sido una necesidad política para Sánchez, ya que fue el principal requisito que exigieron los partidos independentistas para darle su apoyo en la formación de un gobierno el pasado mes de noviembre.
La oposición advirtió entonces de que el sector independentista no se conformaría con la ley y que sus demandas con acabarían ahí.
Ahora, tras la aprobación de la norma, Junts y ERC se han felicitado por el trabajo realizado para sacarla adelante, pero han dejado claro que sus demandas continúan: "próxima parada: referéndum", ha declarado en el congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El separatismo, sin embargo, ha perdido fuerza en Cataluña, como pudo verse en las recientes elecciones autonómicas, en las que el Partido Socialista fue la fuerza más votada y aún negocia con otros partidos para formar gobierno.
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