Al menos 80 muertos, decenas de personas secuestradas y miles de desplazados. Es el saldo que, según las autoridades colombianas, deja la cruda y reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia.
Ese es el balance que entregó la gobernación de Norte de Santander sobre la crisis que se registra por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado activo más grande de Colombia, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Las FARC firmaron un tratado de paz con el gobierno colombiano en 2016, pero distintos grupos disidentes han mantenido su pugna armada contra otras guerrillas, incluida el ELN, y fuerzas del Estado en varias regiones del país.
Los ataques en El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, rompieron una tregua incómoda entre estos grupos guerrilleros, inmersos en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, ante el agravamiento de la situación, el gobierno suspendió los diálogos de paz con el ELN.
"Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz", afirmó Petro en X el pasado viernes.
Además de los 80 muertos, entre los que se encuentran siete firmantes de paz según la Defensoría del Pueblo, se reportan confinamientos en varios municipios.
"Muchas personas, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales y sus familiares, e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a los señalamientos del ELN", agregó la Defensoría.
El organismo también informó que cientos de familias se desplazan ahora mismo hacia otros municipios y que en algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos.
"Rompimiento de alianza"
El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, ha sido escenario de una violenta disputa territorial entre grupos armados durante años.
Esta zona es un foco importante de economías ilícitas como el tráfico de cocaína.
El ELN, disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central (EMC) y grupos paramilitares hacen presencia y rivalizan en esta región caracterizada por la dificultad de las fuerzas del Estado para contener el conflicto.
"Hay una situación muy crítica en esta región del país", dijo el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Luis Emilio Cardozo.
Hubo un "rompimiento, digamos, de esa alianza" entre el ELN y disidencias de las FARC que se desligaron del acuerdo de paz de 2016, lo que "ha generado una afectación muy importante a la población civil", dijo el general en un video publicado por el Ejército en X.
La situación se agravó particularmente desde el pasado miércoles 15 de enero, cuando fueron asesinados el empleado funerario Miguel Ángel López junto a su esposa e hijo pequeño en la vía entre el Tibú y Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, en un caso que estremeció al país.
Según reportes, un grupo armado los interceptó y asesinó a bala, aunque el ELN, en este caso, negó cualquier responsabilidad en los hechos.
Horas después del crimen, sin que esté clara su conexión con la espiral de violencia, se desataron los enfrentamientos.
Miles de efectivos militares se han movilizado a la región para intentar controlar la situación y medios colombianos reportan que el presidente Petro estudia varias medidas de emergencia, entre ellas, el decreto de estado de conmoción interior, que implicaría darle facultades extraordinarias al Ejecutivo.
Negociaciones suspendidas
Tras ser elegido presidente en 2022, Petro emprendió un ambicioso proyecto de "paz total" que incluyó sentarse a la mesa y negociar con el ELN y otros grupos armados que controlan partes de Colombia.
La suspensión de dichas negociaciones el pasado viernes con el ELN llega después de varios meses de tira y afloja en que las negociaciones se congelan y retoman sucesivamente en lo que ahora parece ser un punto muerto.
Petro acusó el pasado viernes al ELN de cometer "crímenes de guerra", aunque esta guerrilla, por su parte, apunta y responsabiliza de la última escalada de violencia a disidencias de las FARC.
"La región del Catatumbo conoce bien que habíamos advertido que si el Frente 33 de la ex FARC continuaba atentando contra la población e incumpliendo compromisos no quedaba otra salida que la confrontación armada", dijo el ELN en un comunicado en X.
El doble y delicado escenario que la violencia en Catatumbo supone para Colombia
Análisis de José Carlos Cueto, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
A poco más de un año de las elecciones presidenciales en Colombia en 2026, el proyecto bandera de Gustavo Petro, el de traer la ansiada "paz total" para el país, parece herido de muerte.
Es la segunda vez en cuatro meses que se suspenden los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla en activo más grande de Colombia, la primera con la que el gobierno de Petro se sentó a la mesa negociadora y con la que más avances se habían concretado hasta la fecha.
Las dos veces se suspendieron por los mismos motivos: la violencia en la que participa este y otros grupos armados que se saldan con muertes.
Las dos veces, también, por hechos localizados en regiones fronterizas con Venezuela.
Esto pone a Colombia ante un doble y delicado escenario que sus funcionarios deben tratar con cautela.
Por un lado, el gobierno de Petro tiene que mantener una condena contundente ante la última escalada violenta. El número de muertos, secuestrados y desplazados es demasiado llamativo y será utilizado por sus críticos para cuestionar su estrategia de paz.
Por otro, deberá medir sus acciones y palabras para no mandar todos los progresos con el ELN al traste. Los diálogos están "suspendidos", pero hasta el momento no se ha leído o escuchado a nadie en el gobierno que diga que están "definitivamente rotos".
De algún modo, hay una puerta que sigue abierta.
Por último, la violencia en Catatumbo es también un recordatorio del difícil equilibrio de Colombia en su relación con Venezuela, que no vive sus mejores horas desde que el gobierno de Petro se negara a reconocer al de Nicolás Maduro tras su toma presidencial el pasado 10 de enero.
A pesar de las desavenencias, de que esa relación mantenga puntos en común de colaboración también dependerá la estabilidad de la frontera colombo-venezolana, porosa, peligrosa, que bajo el control de grupos armados y la limitada acción estatal protagoniza un arranque de año sangriento e incierto para Colombia.
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