El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aseguró este jueves que se trata de un “conflicto de intereses” en el que toman parte la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el Grupo Punta Cana y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quienes buscan “boicotear” y lograr la suspensión de la construcción de la nueva terminal aérea.
“Yo lo voy a decir responsablemente, hay una connivencia entre el IDAC y los dueños del Aeropuerto de Punta Cana, eso es lo que está pasando, y si alguien no lo dice, yo lo voy a decir”, dijo el abogado Emmanuel Esquea Guerrero, quien es parte de la defensa legal del AIB.
En una rueda de prensa, el abogado destacó que la Constitución prohíbe el monopolio y “el monopolio solamente existe aquí en favor del Estado Dominicano, y esa empresa Aeroportuaria del Este que es la dueña del Aeropuerto de Punta Cana, quiere mantener un monopolio en el Este, y eso no es posible”.
Esquea Guerrero dijo que le resulta curioso que luego de haberse aprobado la construcción del Aeropuerto de Bávaro, de emitirse un decreto del presidente Danilo Medina y se hizo un contrato con el Estado Dominicano, y a pesar de todo eso, “el IDAC se dio el lujo de pretender revocar no solamente el decreto del presidente, sino un contrato suscrito por el Estado”.
El Consejo de Defensa explicó que “se ha pretendido que hay vicios en la aprobación”. Sin embargo, ni el decreto del presidente Medina, ni el contrato que se suscribió han sido atacado, y “se ha pretendido lograr la suspensión de la construcción del aeropuerto, a través de una famosa declaratoria emitida por un organismo inferior que es el IDAC.
Esquea Guerrero explicó que el IDAC es una dependencia del Poder Ejecutivo, y es un absurdo pretender que un organismo inferior puede contravenir una decisión de un organismo superior que es el presidente de la República, sobre todo cuando hay un contrato suscripto por el Estado Dominicano, “es decir el Estado ya se comprometió con esa empresa a permitirles la construcción de ese aeropuerto”.
“Lo que hay aquí es un conflicto de intereses mezclado con una revancha política de partidos políticos, de políticos que entienden que lo que hace un partido el otro debe deshacerlo, y el país no se beneficia con eso”, dijo Esquea Guerrero acompañado del abogado Ariel Valenzuela.
A Esquea Guerrero le preocupa el hecho de querer involucrar a la justicia en diferencias políticas, sobre todo para favorecer a un determinado grupo económico, "pues eso es muy peligroso".
Explicó que el presidente de la República tiene la facultad para derogar un decreto, “y eso no lo discute nadie, pero el presidente de la República no tiene la facultad para declarar nulo un contrato suscripto por el Estado cuando lo ha aprobado otro presidente.
Explicó que el presidente Medina fue presidente hasta el 16 de agosto y estaba en plena facultades, y los decretos que él emitió bien pueden ser derogados por el presidente Abinader, “pero un contrato suscripto por el Estado Dominicano no puede ser derogado por una disposición del Poder Ejecutivo, eso le corresponde a la justicia dominicana”.
Esquea Guerrero, aclaró que todas las sentencias que "dan vergüenza y pena" mencionadas en un comunicado del lunes por la Corporación Aeroportuaria del Este y el Grupo Puntacana, han sido objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales cometidas contra los derechos fundamentales de AIB.
“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que estas han sido objeto de los correspondientes recursos", destacaron los abogados.
Recordaron que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser recurrida ante las cortes superiores. “Sólo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso", resaltaron.
Es importante destacar, agregaron, que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.
Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
Inversión
Esquea estima que por el proceso se ha paralizado una inversión de unos US$ 20 millones. Dijo que esta puede ser una muestra de que el presidente Abinader no está siendo bien asesorado o que “no lo han informado lo suficientemente de los detalles que hay envueltos en la situación”.
En ese sentido, el abogado resaltó que esta posición pone en riesgo las futuras inversiones en el país. “Ustedes se imaginan un Gobierno y un país que requiere inversión extranjera que está rechazando la inversión interna, la inversión nacional, y los extranjeros qué van a decir”.