El gobierno venezolano informó el miércoles que llamó a consultas a su embajador en Brasil, en medio de la crisis desatada por el veto brasileño al acceso de Venezuela a los Brics y los cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro. También citó al encargado de negocios brasileño en Caracas, escalando la diatriba entre ambos países.
Aumentan las tensiones entre Venezuela y Brasil, ahora con la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajador en Brasilia, Manuel Vadell, luego de que el país carioca decidiera vetar la entrada de Caracas al bloque multinacional Brics.
También ha citado a una reunión al encargado de negocios brasileño, Flávio Mancieira, para reclamarle directamente por las declaraciones que dio Celso Amorim, asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre Venezuela.
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En un comunicado, la cancillería venezolana reprocha lo que califica de "recurrentes declaraciones injerencistas" por parte de Amorim sobre Venezuela, que dicen está actuando como un "mensajero del imperialismo".
El gobierno de Maduro habla también de una "agresión constante" y señaló como actitud "antilatinoamericana" que Brasil le impidiera ingresar a los Brics.
"Se rompió la confianza"
El martes, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, el asesor de Lula insistió en no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas debido a la falta de transparencia.
Amorim reiteró que Caracas no divulgó los datos detallados de las votaciones, incumpliendo una promesa hecha a Lula, con lo cual se "rompió la confianza" entre ambos gobiernos.
Maduro había dicho el lunes que la cancillería de Brasil actuaba de manera irregular, evitando señalar directamente al presidente Lula da Silva.
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, también respondió diciendo que Amorim ha mentido, pues los resultados que dan ganador a Maduro sí han sido divulgados.
Sin embargo, se refiere a los totales, dado que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los números detallados que sustentan el veredicto, como también reclaman la Unión Europea y Estados Unidos, además de países latinoamericanos.