Nueve medios de comunicación, entre ellos Le Monde, El País, Der Spiegel y Politico, acaban de publicar los testimonios de unos cuarenta migrantes que acusan a las autoridades turcas de abusos en los centros de acogida y de traslados forzosos a Afganistán y Siria. La Comisión Europea instó a Turquía a llevar a cabo una investigación “exhaustiva” sobre las acusaciones.Nueve medios de comunicación, entre ellos Le Monde, El País, Der Spiegel y Politico, acaban de publicar los testimonios de unos cuarenta migrantes que acusan a las autoridades turcas de abusos en los centros de acogida y de traslados forzosos a Afganistán y Siria. La Comisión Europea instó a Turquía a llevar a cabo una investigación “exhaustiva” sobre las acusaciones.

La Unión Europea ha financiado la construcción y mantenimiento de una vasta red de centros de internamiento y deportación de extranjeros en Turquía en los cuales se violan sistemáticamente los derechos humanos, según ha revelado una investigación publicada hoy por varios medios, entre ellos El País, Le Monde y Der Spiegel.

Desde que la UE y Turquía firmaron el pacto antimigratorio en 2016, las autoridades turcas han detenido a más de 2 millones de extranjeros de los que la mayor parte han sido internados en estos centros donde son habituales las palizas, como la sufrida el pasado mayo por un ciudadano español al que los guardas turcos rompieron el tímpano. Ciudadanos de países latinoamericanos también han pasado por estos centros y varios han contado a este periodista cómo fueron testigos del hacinamiento y los malos tratos.

La violencia en los centros parece estar dirigida a forzar a los detenidos a aceptar firmar las deportaciones como voluntarias incluso a países donde la UE no puede devolver a inmigrantes como Siria y Afganistán, adonde se han incrementado las deportaciones forzosas desde Turquía. La investigación, de hecho, ha probado que algunos de los deportados han sido asesinados por los talibanes o han fallecido en bombardeos en Siria.

En respuesta a la investigación, una portavoz de la Comisión Europea instó a Turquía a investigar posibles violaciones de derechos, pero declinó toda responsabilidad, alegando que es Turquía, la que a cambio del dinero recibido debe asegurarse de que sus sistema de gestión migratoria cumpla con los estándares internacionales.

"Ignoró repetidamente las advertencias"

Esta investigación periodística afirma que la Comisión Europea “ignoró repetidamente las advertencias” de la sociedad civil, diplomáticos e “incluso su propio personal” sobre el tema, a pesar de que la UE financió la construcción o renovación de centros.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, una portavoz de la Comisión, Ana Pisonero, subrayó que era “responsabilidad de las autoridades turcas investigar a fondo las acusaciones de irregularidades”.

 “Les instamos a que lo hagan”, insistió. “Si recibimos pruebas de violaciones de los derechos humanos u otros valores fundamentales relacionadas con un programa financiado por la UE, por supuesto que pondremos remedio a la situación”, aseguró.

Al mismo tiempo, la Comisión destacó los “esfuerzos” de Turquía para “acoger a 3,6 millones de refugiados procedentes de Siria y otros países extranjeros”.

Ana Pisonero también destacó la “gran solidaridad” de Europa, a través de la movilización de “casi 10.000 millones de euros” desde 2012 para apoyar a “los refugiados y las comunidades de acogida” en Turquía, y la promesa de otros “mil millones adicionales” en 2024.