En Estados Unidos, la confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial continúa y empeora, a medida que los decretos de Donald Trump para consolidar su poder son impugnadas y bloqueadas en los tribunales.
Con el corresponsal de RFI en Washington, Guillaume Naudin
En las poco más de tres semanas desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, al menos 10 jueces se han opuesto a varios de sus decretos. Por ejemplo, la que congela ciertos fondos federales.
En el estado de Rhode Island, un juez federal estima que no se respeta su fallo inicial y que los fondos siguen congelados. Pero se abstiene de concluir que la administración es culpable de desacato al tribunal o de establecer sanciones.
Crisis constitucional
Los miembros eminentes de la administración no parecen tener mucha consideración por la opinión de los jueces. Para el vicepresidente J.D. Vance, los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo.
Elon Musk, por su parte, pide la destitución de un juez que está impidiendo que su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el ya famoso DOGE, acceda a ciertos datos confidenciales del Tesoro.
Expertos legales entrevistados por la prensa estadounidense hablan abiertamente de una crisis constitucional. El Congreso no está haciendo mucho, y la Corte Suprema, de mayoría conservadora, todavía está muy lejos de tener que pronunciarse. Mientras tanto, la administración continúa desplegando su plan a marcha forzada.