El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC), Rafael Ulises Cruz (Papito), llamó a los legisladores dominicanos a que se aboquen a crear una ley que regule la adquisición de propiedades a extranjeros en el territorio dominicano, sobre todo en el área inmobiliaria.
El dirigente político dijo que la organización que representa favorece la inversión extranjera, porque fomenta el desarrollo, pero advierte que hace falta un marco regulatorio, sobre todo en el caso de los negocios de empresarios haitianos, que puedan adquirir casas y otras propiedades en el país.
En ese sentido, Cruz propuso "una legislación que sugiera la obligatoriedad de depurar a quien o quienes adquieren una propiedad en el territorio dominicano".
“Sobre este tema, el PRSC, quiero dejar constancia de que somos un aliado de la inversión extranjera, lo cual permite la generación de empleos e incrementar el desarrollo del país. Ahora bien, somos de opinión que en materia inmobiliaria, como forma de mejorar la seguridad jurídica dominicana, sobre todo por la crisis que vive Haití, para que los extranjeros puedan adquirir inmuebles en el territorio nacional, el Congreso Nacional debe ser convocado de urgencia para promover, conocer y aprobar una ley regule los antecedentes de los adquirientes de inmuebles en territorio Dominicano”, expresó Rafael Ulises Cruz.
Rafael Ulises Cruz se ha referido al tema luego que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, mostrara preocupación porque empresarios haitianos están interesados en adquirir casas en la zona fronteriza.
Es una acción que el ejecutivo municipal ha inferido como "evidencia del avance de un supuesto plan de ocupación del territorio de la República Dominicana", y que esto sería una "propuesta empujada por la oligarquía haitiana".
El dirigente reformista consideró que la depuración debe hacerse como política y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la ley contempla la restricción de zonas y la limitación de adquisición de propiedades, en una franja de por los menos 100 kilómetros de la frontera.