El Senado de la República aprobó una resolución presentada por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que solicita al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar las medidas necesarias para implementar la Ley de Extinción de Dominio.
La ley, promulgada en julio de 2022, entró en vigencia en julio de 2023, pero, según la resolución, aún no ha sido aplicada por las autoridades competentes. La pieza legislativa destaca la urgencia de avanzar en acciones preparativas, como programas de formación para miembros del Ministerio Público y jueces, especialización de áreas de investigación, y la organización de recursos y logística.
Fuimos a todos los sectores sociales, políticos y académicos a discutirla. La ley se aprobó y es una de las grandes conquistas de este gobierno y de este Senado. Es una ley que viene a darle duro a todo tipo de enriquecimiento ilícito, afirmó Taveras Guzmán durante su turno de motivación.
La Ley 340-22 establece principios fundamentales para la administración de bienes sujetos a extinción de dominio, como la transparencia, eficiencia, objetividad e igualdad. Asimismo, crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), adscrito al Ministerio de Hacienda, con autonomía administrativa, financiera y técnica.
Con esta resolución, el Senado busca garantizar la implementación efectiva de esta herramienta legal destinada a combatir el enriquecimiento ilícito y fortalecer la transparencia en la administración de bienes incautados.