Con el inicio de la segunda legislatura del presente año en el Congreso de la República Dominicana se presenta una nueva oportunidad para concluir el estudio de una serie de propuestas legislativas pendientes que son fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Una de estas piezas pendientes es la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, la cual ha recorrido un trayecto bastante dilatado desde el año 2011 y que se encuentra actualmente en una Comisión Bicameral que estudia y analiza la propuesta de ley para dotar al país de un marco legal robusto.
Mientras esto ocurre, el ordenamiento territorial en la República Dominicana es solo una aspiración establecida en diversos marcos legales la cual se encuentra salpicada de buenas intenciones, pero no tiene las garras para aplicarse con efectividad en el territorio. Un marco legal que no sanciona la pasividad de los ayuntamientos en la gestión del suelo, ni establece límites para quienes tienen la intención de ocupar el territorio.
Mientras continúa el estudio de la pieza legislativa, se consume la superficie de nuestras áreas protegidas, persiste la indefinición de las áreas de amortiguamiento, se ocupa el suelo de vocación forestal con usos no compatibles y esto fomenta la expansión desordenada de la informalidad, que busca donde cobijarse y la avaricia del capital con el ánimo de acumular allí donde no se puede.
Mientras tanto se multiplican los conflictos de uso en las zonas urbanas del país, construyendo nuevas urbanizaciones sin las previsiones de lugar, ampliando la superficie construida en lugar de ocupar las zonas urbanas consolidadas. Con actividades peligrosas y nocivas para el ser humano, próximas a las zonas residenciales donde la población se expone al peligro de eventualidades propias de estos usos.
De manera que, por esta y otras razones, urge aprobar la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos; una herramienta fundamental para proporcionar claridad en la operatividad en la gestión intergubernamental del suelo. Donde el gobierno nacional y los Ayuntamientos con sus respectivos órganos desconcentrados trabajen de la mano en un sistema compuesto por instrumentos y procedimientos amparados en un marco legal que penalice la inacción y recompense la gestión eficiente de cada territorio, con criterios que garanticen la sostenibilidad y el bienestar de toda la población.
Las esperanzas están depositadas en la nueva legislatura que recién inicia, confiados en que el Congreso Nacional actual ponga punto final a los años de estudio, revisión y discusión de esta importante ley; para dar paso a un nuevo sistema de ocupación del suelo que toma en cuenta las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.