El municipio San Cristóbal, 26 kilómetros al sur del Distrito Nacional, se despertó este martes contando muertos, quemados y heridos, resultado de una gran explosión que ocurrió a media tarde del lunes en el centro de la ciudad y provocó destrucción de edificaciones y una cadena de incendios, aún con focos activos combatidos por los bomberos más allá del mediodía.
En la mañana, las autoridades habían aceptado una decena de fallecidos, 11 desaparecidos y 36 ingresados. Unos 600 hombres trabajaban afanosamente en las labores de auxilio, control de fuego y seguridad. Familias andaban desorientadas en busca de los suyos. Aún no hay información oficial sobre la empresa donde comenzó el siniestro.
Lo sucedido en el centro de la ciudad de la Constitución era prevenible, como prevenibles han sido hechos similares en diferentes puntos del país.
La carencia de una cultura de prevención en la sociedad, el afán de lucro de empresarios, el irrespeto por la vida humana y la nula supervisión de las autoridades constituyen el mejor abono para las desgracias que siempre arrancan un mar de lamentos y luego se olvidan.
Es previsible, por tanto, que estos acontecimientos se repitan con mayor frecuencia, si se insiste en sentarse a esperar “la enfermedad” para luego “curarla”.
En San Cristóbal, las pérdidas humanas, el estrés postraumático, los daños graves a los inmuebles y el despliegue de recursos para el auxilio y la reconstrucción del área resultan impagables.
Pasó lo mismo en octubre de 2020 con el estallido de las municiones de la antigua fortaleza militar Antonio Duvergé (Polvorín), con una persona muerta y daños psicológicos colectivos aún sin estudiar.
Igual con la explosión de la estación de gas licuado de petróleo Sol Gas, en el sector La Esperanza, en Los Ríos, Distrito Nacional, a causa de una supuesta fuga del combustible. Dejó un saldo de al menos 40 personas heridas y daños a viviendas, negocios y automóviles. Ocurrió cerca de las 6 a.m. de la primera semana de febrero de 2016.
La misma historia con la fábrica de plástico PolyPlas, al terminar la mañana del 5 de diciembre de 2018 en que un camión de Propagas trasvasaba combustible a la empresa ubicada el corazón del barrio Villas Agrícola, en la capital. Reportaron ocho muertos y 80 heridos, más daños graves a viviendas y vehículos.
Y el 3 de octubre de 2020, sábado cerca de las seis de la mañana, una explosión petrificaba a la comunidad Limonal Arriba, del municipio Licey al Medio, provincia Santiago. Por otra fuga, la planta de Coopegas estallaba y dejaba nueve personas muertas, casas y automóviles destruidos.
Es sólo una muestra de un gran universo de irresponsabilidad estatal, privada y colectiva. El mismo círculo vicioso, con pase libre para repetir. Porque sólo importan producir dinero y el ahora. Aquello que aparentemente no se ve, ni reporta beneficios inmediatos, es visto como un gasto innecesario.
Miremos nuestros insignificantes avances en el sistema de disposición de aguas sanitarias y pluviales. Miremos la pobre resistencia y los vicios constructivos en muchos apartamentos y viviendas de residenciales, sin importar precio. Las frágiles escaleras de escape, cuando existen. El apiñamiento de fábricas, estaciones de gasolina y plantas de gas en zonas residenciales. La bomba de tiempo que representan los tanques de gas propano en vehículos del transporte. La ubicación y seguridad de los reservorios de gas de empresas; también de las residencias. Las “salidas de emergencia” de sitios públicos. Las sanciones a quienes incumplen las disposiciones, que son una caterva. El comportamiento irracional de la gente cuando ocurren ciclones, riadas y marejadas…
La tragedia que ha estremecido a San Cristóbal debería conmover a las autoridades y a la sociedad civil en general (incluidos poderes fácticos), tanto que trascienda las acciones de socorro, la solidaridad con los familiares de las víctimas y la reconstrucción de la zona cero.
La lección de este lunes invita a reorientar el enfoque que manda a ir sobre las consecuencias de los problemas en vez de prevenirlos.
Hay que invertir todo el dinero que sea necesario en la construcción de una cultura de prevención en la sociedad. Entretanto, reclamar un accionar responsable de las autoridades nacionales y municipales, antes de la tragedia, que nos evite tanta tristeza. Eso no tiene precio.