A raíz de recientes acontecimientos nacionales, en especial, el retiro de la reforma fiscal y el anuncio del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) sobre la cancelación del proceso de licitación del proyecto para la construcción de las infraestructuras del Tren Metropolitano de Santo Domingo, para ser replanteado bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), conforme a la Ley No. 47-20, se puede materializar un relanzamiento de las APPs para ciertos proyectos de infraestructura y servicios públicos, que incluya una ley de concesiones para ciertos proyectos de infraestructura que no sean propiamente APPeables y rectifique el yerro de la supresión del término de concesiones en la Ley No. 340-06 por la Ley No. 47-20.
Desde la aprobación de la Ley No. 47-20 se generó una sobre expectativa y falta de entendimiento de esta modalidad de contratación que marcó mucho la primera etapa luego de la promulgación de la ley. Como he dicho en otras ocasiones, desde el desconocimiento se pensó que las APPs serían una solución más rápida para proyectos de obras públicas que los procedimientos ordinarios de contratación pública de la Ley No. 340-06. Nada más alejado de la realidad, los proyectos de APP y concesiones requieren más planificación, maduración y análisis que la contratación pública tradicional, para poder brindar un resultado eficiente. La planificación de las obras y en sentido general, de la contratación pública ha sido muy precario y una tarea pendiente en la Administración Pública de nuestro país.
En la medida que los proyectos de APP y concesiones, sean bien planificados, estructurados y entendidos, se generaría una segunda oportunidad de estelaridad para que proyectos sean ejecutados bajo esta modalidad, ya que desafortunadamente, en los últimos años por diversas situaciones no se logró mostrar suficientes resultados efectivos. Por ejemplo, actualmente se discute en los medios de comunicación, el tema de los alquileres de bienes inmuebles por entidades públicas; este sería un interesante proyecto para ser evaluado como una APP o concesión, en donde luego transcurrido el plazo establecido, esos inmuebles serían propiedad del Estado, por solo señalar un aspecto cuestionado, como es la titularidad de los inmuebles que albergan las oficinas públicas.
Todos saben que soy un fiel creyente y promotor de las APPs, ya que estoy totalmente convencido que no existe desarrollo efectivo de un Estado sin la colaboración público-privada. Ahora bien, se debe reorientar la distribución de los beneficios para que la sociedad y los ciudadanos reciban resultados directos de los proyectos que se ejecuten bajo esta modalidad. Deben ser beneficiosos para todas las partes interesadas “stakeholders”. El sector público no cuenta con los recursos ni la capacidad para satisfacer el déficit existente en infraestructura, así como las crecientes demandas de servicios públicos de calidad de una sociedad cada vez más compleja. Por lo tanto, debemos buscar nuevas formas de colaboración para desarrollar y ejecutar los proyectos, los acuerdos G2G, las APPs y concesiones son alternativas que de ser bien ejecutadas mejoran la calidad de vida de la población en general.
Debemos seguir cambiando la cultura y mejorar nuestra práctica para que exista mayor planificación, transparencia, cuestionamientos, accountability, una efectiva y eficiente distribución y gestión de riesgos, entre otros aspectos. Todo eso es posible con las APPs y concesiones. Entiendo que en esta segunda etapa se debe relanzar y generar confianza para que los principales actores del ecosistema se motiven a participar en estos proyectos y se evidencien resultados ejecutados bajo esta modalidad de contratación.
Con una buena gestión de la DGAPP, y el entendimiento efectivo de los actores involucrados en el ecosistema de las APPs y concesiones, en especial, las entidades contratantes, que deben entender su rol como actores principales y dolientes de los proyectos. Son los mayores interesados en que el proyecto sea ejecutado favorablemente. Una de las principales trabas actuales es que no ha existido una efectiva colaboración, en especial entre los agentes públicos (distintas entidades del Estado) para la ejecución de proyectos de APPs. Si se superan esas trabas de comunicación y empoderamiento que no ha permitido que se exhiban mejores resultados, creo que los proyectos de APPs y concesiones crecerían sustancialmente. Si la figura principal que representa una entidad contratante no valora ni entiende su rol y el de la DGAPP, que es básicamente de gestor, promotor, colaborador de la entidad contratante, y regulador del sistema; no habrá una interacción efectiva y no se podrá lograr con éxito la ejecución del proyecto.
La principal ventaja con que cuenta la DGAPP es que es una institución funcional, con un capital humano y servidores públicos que se han ido poco a poco profesionalizando, con aprendizajes que les permitiría tener mayor agilidad en los procesos de evaluación, análisis, siempre y cuando los otros actores públicos los apoyen. Hoy día se requiere que las infraestructuras y servicios públicos sean de calidad, lo que se traduce en beneficio directo de las personas. La DGAPP debe continuar trabajando, como lo ha estado haciendo, y promover los ajustes legales necesarios para revisar la Ley No. 47-20. Por otro lado, con una nueva ley de concesiones, que dote al país de un marco normativo general para otros proyectos que no puedan ser ejecutados bajo la modalidad de APP, pero que sea gestionados y administrados por la DGAPP, robustecería la posibilidad de ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Definitivamente, las APPs y concesiones son una alternativa real y efectiva para el desarrollo de diversos proyectos. No lo serán para todos los proyectos ni sustituye otras modalidades de contratación. Con las restricciones presupuestarias del gobierno y muchos desafíos institucionales, no existe mejor alternativa práctica, real y viable que las APPs y concesiones, incluyendo también los acuerdos G2G, para cerrar la brecha del déficit existente de infraestructura. Continuemos todos juntos, consolidando la confianza para lograr motorizar la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos de calidad para beneficio de todos los ciudadanos y todos los stakeholders.