Luego de celebradas las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo de este año, independientemente de las razones y acciones que se presentaron, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtuvo un triunfo arrollador sobre “la alianza opositora” Rescate RD, en los tres niveles de elección, obteniendo una gran mayoría de alcaldías, de distritos municipales, de senadores, diputados y la Presidencia de la República.
El presidente de la Repúblic,a Luis Abinader, conociendo la crisis económica imperante en nuestro país y en el entorno internacional, afectado por grandes turbulencias económicas, políticas y grandes conflictos bélicos, muy atinadamente ha iniciado un periplo visitando a los principales actores del pasado proceso electoral, buscando una posible salida de consenso a la crisis política y social que se vislumbra en el futuro inmediato. Está consciente que una mayoría absoluta en el Congreso Nacional y en las alcaldías no es una garantía para mantener la estabilidad macroeconómica, política y social del país. Esta mayoría absoluta la obtuvo también en su momento el PRD y el PLD y ambos fueron desplazados del poder.
Debe aprovechar esta coyuntura política y la gran mayoría que ostentará en los distintos estamentos del Estado para propiciar una reingeniería, las reformas y las transformaciones al Estado dominicano, en la que sean disueltas o fusionadas aquellas instituciones que no rinden ninguna labor y fortalecer aquellas que sí lo hacen, sin importar que afecten a intereses particulares o partidarios, para así alcanzar el desarrollo humano, social y el fortalecimiento institucional que el país requiere, ya que la misma no le será eterna. El Presidente tiene una gran oportunidad de demostrar lo que expresó el otrora Canciller de Hierro alemán Otto Von Bismarck: “El estadista piensa en las próximas generaciones. El político en las próximas elecciones”.
Esta vez está obligado a someter una reforma fiscal integral al Congreso Nacional, la cual está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12) y que ya no puede seguir posponiéndose, como ocurrió en administraciones anteriores, aun conscientes del alto costo político que esta le generará al gobierno y al partido gobernante. Aplicar una reforma fiscal en estos momentos de crisis va a generar grandes tensiones y un clima de inestabilidad económica, política y social, tal como ocurrió en Colombia y en Chile.
Pero esta reforma fiscal no debe hacerse a la carrera aprovechando la absoluta mayoría que se tendrá en ambas cámaras legislativas; hay que tomarse el tiempo necesario, ser prudente a la hora de aprobarla, no debe ser excluyente, hay que tomar en cuenta a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, pues esta implicará la revisión de la estructura tributaria completa del país, así como la modificación de otras leyes importantes; no debe ser solamente para crear más fuentes de ingresos (más impuestos), esta debe ser justa e integral.
Esta deberá corregir todas aquellas distorsiones e irregularidades existentes en nuestro sistema tributario; desmontar y disminuir aquellos privilegios, incentivos, subsidios y exenciones a sectores económicos poderosos que son irritantes e improcedentes, así como aquellos impuestos que resultan lesivos para los sectores más vulnerables. Esta no tendría sentido si no es para mejorar la calidad del gasto público.
Las reformas fiscales, en gran medida, solo han contribuido para hacer más ricos a los poderosos y más pobres a los sectores marginados; la misma debe ser muy bien analizada, ponderada, discutida y consensuada por todos los sectores económicos, políticos, sociales.
Nuestro país cuenta con uno de los sistemas fiscales más desigual, desproporcionado e injusto de todo el área. Se debe tratar que los sectores de mayores ingresos sean los que más contribuyan al fisco, no los menos pudientes y vulnerables, como siempre ha ocurrido, que son los que más contribuyen con el pago de los impuestos indirectos. Dicha reforma debe crear los mecanismos que eviten la gran evasión en el pago de los impuestos, la cual asciende a un 40%, según informaciones de los propios técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos.