El Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, tiene la trascendental atribución de legislar y fiscalizar en representación del pueblo.
Las leyes que producen los legisladores, sea por sus propias iniciativas o la del Presidente de la República, lo mismo que por las de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, en los asuntos judiciales y electorales, respectivamente, tienen aplicación para todas las personas, en sintonía con la Declaración de los derechos de 1789, que dispone que “la ley es la misma para todos”.
También la célebre definición de Jean-Jacques Rousseau, en su ‘Contrato social’, establece que la ley es la expresión de la voluntad general. Pero esta voluntad, de la que brota la ley, sostiene R. Carré de Malberg, en ‘Teoría General del Estado’, “es general en un doble sentido: en primer lugar, por cuanto es la voluntad común del pueblo entero, teniendo éste, únicamente, la soberanía o potestad de legislar; y además, en cuanto dicha ley tiene un objeto general, es decir, un objeto que tiene un alcance general y presenta un interés también general”.
Como sostiene Carré de Malberg, la mayoría de los autores contemporáneos se han adherido a la misma idea, como es el caso de Barthélemy, que señaló lo siguiente: “El poder legislativo expresa su voluntad por medio de una forma general”.
De igual manera definieron la ley los civilistas, representados en la figura del maestro francés Marcel Planiol, quien se expresó como sigue: “La ley se establece permanentemente para un número indeterminado de actos y de hechos. Cualquier decisión de la autoridad que sólo deba ejecutarse una vez no es ley, sino un acto de administración”.
Probablemente nunca los legisladores iniciaron un mandato con una agenda tan cargada como la del actual. Primero fue una reforma constitucional, que ya fue aprobada y solo está pendiente de ser proclamada. A continuación, fueron depositados los proyectos de reforma del Código de Trabajo y de Modernización Fiscal. Todos por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se reformarán leyes como la de la seguridad social, de hidrocarburos, de transporte, de agua, de electricidad, de educación, de competitividad, la Ley de Partidos, el Código Penal, el Código Civil y más de 70 leyes, derivadas de la Constitución del 2010, que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo los liderazgos de los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, no aprobó durante los diez años siguientes de gobierno hegemónico.
La aprobación de la reforma constitucional sin recurrir a engaños, en un ambiente de armonía, es una muestra de responsabilidad y respeto de los legisladores a la institucionalidad, que augura que llegarán exitosamente a la meta en el maratón de reformas.
Igualmente, el presidente, Luis Abinader, cumplió fielmente la promesa de que no se incluiría en la Asamblea Nacional Revisora ningún tema adicional a los contemplados en la Ley de Convocatoria, así como la de que haría una reforma para garantizar que en el futuro un presidente, incluido él, no pueda gobernar durante más de dos períodos constitucionales.
Finalmente, todas las condiciones están dadas para que el actual Congreso Nacional se convierta en el más productivo de la historia dominicana y para que Luis Abinader sea el más connotado presidente reformador.