Hemos sido abanderado de reclamar a la comunidad internacional su responsabilidad ante el caos de Haití, su obligación en contribuir con la búsqueda de una solución real, objetiva, creíble y práctica a la crisis que vive la nación más pobre del continente americano. De encontrarse tal solución, la República Dominicana, podrá contar en Haití con un interlocutor legítimo, serio y creíble para dirimir las diferencias y coordinar soluciones entre ambas naciones vecinas.
Es indignante la indiferencia de la comunidad internacional ante la problemática de Haití, el tema no está en la agenda internacional, ni siquiera por la importancia geopolítica que entraña la zona, parte de una región que representa el punto de intersección de los océanos, que facilita el transporte y las comunicaciones geográficas, que constituye un canal económico y estratégico, al ser un puente entre las Américas y el área de seguridad para los Estados Unidos. Hasta tanto la comunidad internacional reaccione y se conduela del desastre humano de esa abandonada nación e intervenga con determinación y seriedad, el Estado dominicano está obligado a asumir un riguroso control de su frontera para evitar colapsar junto con la vecina nación.
La temor y la inseguridad haitiana, se han ido extrapolando a la sociedad dominicana, al punto de que, es concurrente una serie de hechos condenables que se han producido, propagandas de terror que se han difundido y pronunciamientos de diferentes sectores de la sociedad dominicana que se han estado difundiendo a través de los medios de comunicación masivos, que de una u otra forma contribuyen, por un lado, a estimular el pánico, por otro a denunciar la realidad crítica y por último, a la elaboración de planteamientos con matices de intereses particulares, pero siempre, teniendo como base el tema haitiano.
Pero resulta, que el más interesado en la estabilidad y desarrollo de Haití, es la República Dominicana, para pasar de un país responsable del subsidio de la pobreza haitiana, a ser un país de competencia en los diferentes órdenes económicos y sociales y así poder cumplir con lo que establece el artículo 10 de nuestra constitución: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano.” Bajo el estado de desorden, terror, inseguridad y vandalismo que impera del otro lado de la isla, se hace difícil cumplir con el referido mandato constitucional.
Para que la República Dominicana pueda asumir el liderazgo que la historia le ha reservado, tiene que limpiar la casa, respetando sus leyes y haciéndolas cumplir a cualquier precio. La migración tiene que dejar de ser un negocio, donde un grupo se lucra a costa de la dignidad humana de los migrantes, poniendo en juego la sobrevivencia del Estado.
Parte del esquema fraudulento es conocido por todos, desde la tarifa de la libertad al retenido en los centros de detenciones migratorios; las tarifas por visados; la inobservancia de los requisitos para expediciones de visados desde el territorio haitiano, sin que se requieran antecedentes penales ni pruebas de salud, simplemente un pasaporte, cuya autenticidad, en algunos casos, pudiera ser cuestionado; el pago de los numerosos peajes por los transportistas de indocumentados; el paso masivo, preferiblemente en horario nocturno ante la permeabilidad y permisibilidad fronteriza, tráfico, no solo de personas, vehículos, animales robados, armas, drogas y cuantas maniobras ilícitas puedan existir, todas muy bien remuneradas. Todo lo anterior se resume en burdas violaciones a la ley,
Se impone una sincerización entre la política migratoria, el interés mostrado por la cabeza de gobierno, el papel que juegan los mercaderes de la migración y la defensa de la soberanía nacional. Seremos creíbles y efectivos, en la medida que demos cumplimiento a las leyes. El día en que exista un régimen de consecuencias drástico, en el cual el infractor, ya sea un simple ciudadano o un funcionario público, tenga que pagar con las consecuencias de sus actos.
Dentro de las recurrentes violaciones a ley de Migración está la contratación de personas indocumentadas, y la contratación de extranjeros en hasta el 100% en tareas agrícolas, en el área de la construcción y en algunas áreas turísticas, cuando la ley de migración establece que el 80% de los empleos de toda empresa tiene que ser nacional dominicano.
El artículo 118 de la ley de Migración establece las sanciones a las empresas que organicen, coordinen o participen en el transporte clandestino de migrantes nacionales o extranjeros; en el artículo 128 encontramos las sanciones penales y administrativas contra las personas físicas y jurídicas que participen en la comisión del delito de manejo o tráfico de extranjeros o tráfico de dominicanos hacia el exterior; los artículos 132 y 133 de la referida ley establecen los tipos de sanciones contra los que contraten extranjeros ilegales, no habilitados para laborar en el país.
Visto todo lo anterior, nos encontramos con la triste realidad, de que lo malo de la migración dominicana, es no cumplir con el mandato de ley. A la medida que no se sanciona el incumplimiento de la ley de migración y su reglamento de aplicación, se estará alentando al tráfico de personas, a la contratación de ilegales, a la impunidad de criminales extranjeros sin identidad conocida, al enriquecimiento ilícito de autoridades y particulares en base a la explotación del inmigrante, a la inseguridad ciudadana, a la pérdida de oportunidades de los dominicanos por la inversión en educación y salud que asume el Estado con los extranjeros ilegales.
Las leyes están, lo que falta es, poner en marcha su estricta aplicación. Hasta que impongamos una cultura obligatoria del respeto a las leyes y la ejecución irrestricta de sus sanciones, sin importar abolengo, apellido, posición, rango, el país seguirá siendo en materia migratoria, un desorden, propicio para el negocio sucio, fuente del oportunismo, de la corrupción y del abuso contra la patria.