Cuando en agosto del año 2004 se firmó el Tratado Libre Comercio entre República Dominicana, los países centroamericanos y Estados Unidos (DR-CAFTA), cada país presentó plazos para en un tiempo determinado proteger productos estratégicos, lo que significaba dar tiempo para el desmonte arancelario y que a partir de vencido dicho plazo, productos similares entrarían libres de aranceles y otros impuestos, a los mercados de los países socios.
Para el caso de la República Dominicana la petición fue un plazo hasta el año 2025 para el desmonte arancelario en el caso del arroz; sin embargo, debido al poco esfuerzo (tanto público como privado) para en el plazo solicitado mejorar la producción de arroz, en términos de costos por tareas sembradas, productividad y calidad de los productos resultantes, la situación actual no es la más adecuada para el arroz de República Dominicana.
A partir del año 2025 entrará al país desde otros firmantes del acuerdo un arroz con menor precio y mayor calidad que el que se produce en los campos dominicanos, lo que constituye una una amenaza para la producción nacional.
Es por esa razón que se está pidiendo una renegociación del plazo para que entre en vigencia del desmonte arancelario, para que se extienda el plazo más allá del año 2025.
¿Pero que implicaciones tendría lo señalado anteriormente, en el mediano y largo plazos?
Veamos:
En primer lugar, la desaparición gradual de la producción nacional, que en el año 2022 fue de más de 14 millones de quintales. Sabemos la forma monopólica como históricamente se autorizan las importaciones de arroz por parte del gobierno, y sobre todo las más recientes. Al unísono se reduce la producción nacional. En cuanto a la venta al público, se podría vender a 40 pesos la libra al consumidor.
En segundo lugar: La desaparición de la producción nacional implicaría la eliminación de más de 90,000 empleos directos, 320,000 empleos indirectos y la pérdida de ingresos por parte de los productores nacionales de más de 45,000 millones de pesos.
La alternativa es que el gobierno defina una política clara con relación a la situación actual, para que la producción local mejore su competitividad y mientras tanto destinar recursos para el subsidio de la producción de arroz, porque la producción de arroz como hemos visto, además de ser el alimento proveedor de calorías de mayor consumo de los dominicanos, tiene un impacto económico y social de primer orden, sobre todo en las regiones donde se produce este grano y el comercio general.
A propósito de las elecciones presidenciales del mes de noviembre de noviembre del presente año, creo que por las evidencias y considerando la política de comercio proteccionista, que implementó Trump en el periodo que gobernó (2016-2021), sería más conveniente para el país la negociación con un gobierno demócrata, aunque bien sabemos que esa variable no depende de nuestro país.
Por lo que debemos afinar tanto en lo que respecta a la política orientada hacia la producción de arroz, como de las negociaciones en general, tanto con Estados Unidos, como con los países centroamericanos, a fines de que las amenazas que se ciernen sobre la economía, sobre todo en lo que respecta a la producción agrícola, el impacto no sea tan negativo, como se vislumbra hasta el momento.