En dos oportunidades, procesos políticos históricos han llevado al poder al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) conjuntamente con sus partidos aliados: en el 2020, las plazas públicas clamando por un cambio profundo; y en el 2024, la buena gestión de las crisis pos-COVID, más el aura personal que ha mantenido un presidente que la gente visualiza como persona honesta y transparente, y que no fue al Gobierno a hacer negocios.
Llegó la hora de profundizar los cambios prometidos en el 2020. Este es el claro mandato que tanto el Presidente como los senadores y diputados electos hemos recibido de los millones de dominicanos y dominicanas que votaron el 19 de mayo de 2024. A partir del 16 de agosto, tenemos la imperiosa obligación de legitimarnos frente al cambio que la sociedad dominicana nos exige y se merece.
Se trata entonces de un momento de extraordinaria trascendencia para cada uno de nosotros: tenemos la oportunidad de transformar el futuro del país, refundando el Estado dominicano y sus instituciones dentro del orden estrictamente democrático, y reorganizando el modelo económico dominicano mediante un conjunto integral de reformas, leyes y políticas públicas que pongan en el centro de toda decisión y acción del Gobierno a las familias y a los hogares como sujeto social.
De este modo, no solamente se procurará duplicar el tamaño de la economía dominicana, sino, sobre todo, se logrará cerrar las actuales brechas de desigualdad, acabar con la pobreza extrema de una vez por todas, y fortalecer las oportunidades que garanticen la movilidad social al más humilde de los dominicanos.
Como senador de la provincia Santo Domingo, nuestra visión integral descansa en cinco pilares fundamentales:
i) Una reorganización fiscal holística que abarque de manera ambiciosa las dimensiones de los ingresos y los gastos del Estado, así como también la gestión de sus activos y pasivos, con miras a incrementar los ingresos del Estado, mejorar la cantidad y calidad del gasto público, y disminuir el peso del servicio de la deuda (elementos para definir una Ley de Responsabilidad Fiscal);
ii) Una reorganización de la Seguridad Social, procurando que el sistema de pensiones pueda garantizar pensiones dignas; que la cobertura de salud pueda ampliarse a través de sus tres niveles de intervención empezando por desplegar en toda la geografía nacional una red de centros de asistencia primaria de salud; y, no menos importante, implementar al fin el seguro de desempleo.
iii) Una reorganización laboral con la cual, más allá de actualizar el Código Laboral, se logre disminuir a la mitad los actuales niveles de informalidad laboral, y se pueda firmar un Pacto Salarial para acelerar la recuperación de los salarios reales frente a la inflación.
iv) Una reorganización de los mercados para mejorar la inserción de las micro y pequeñas empresas e incrementar los niveles de competitividad de nuestros sectores productivos, reduciendo la alta concentración de mercados estratégicos y desarticulando los monopolios que, por demás, están prohibidos por la Constitución; las medidas necesarias además incluyen soluciones contundentes al déficit del sector eléctrico, y una profundización de los mercados financieros (incluyendo la recapitalización del Banco Central) que permita una reducción importante en el costo del dinero.
v) Una reorganización institucional que, mediante una profunda revisión al andamiaje del Estado, permita mejorar la producción de los bienes públicos; seguir reforzando los principios de transparencia y lucha contra la corrupción; y, no menos importante, una reforma a la Constitución para establecer salvaguardas que impidan la modificación de los términos de elección y reelección presidencial.
Por la magnitud de los retos, nos queda muy claro que no será posible alcanzar la meta llevando a cabo simples modificaciones cosméticas y/o parches temporeros al actual orden vigente, sino abordando de manera integral esta gran agenda de reformas.
Del mismo modo, esta ambiciosa reorganización necesitará un elevado nivel de compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad en general (se puede lograr articulando una gran concertación ciudadana y política a partir del 16 de agosto).
Necesitaremos, más que nunca, del liderazgo activo y responsable de las élites del país.
Debemos apoyar al presidente de la República en la construcción de un poderoso relato que logre que los inversionistas desde fuera vean a la República Dominicana como el destino más atractivo de toda la región, y que, desde dentro, todos los actores de la sociedad dominicana asuman la visión de un país con menos desigualdad y mayor bienestar.
Con la verdad por delante y con un propósito superior, salgamos a apoyar esta gran agenda de transformación, salgamos a conversar y a escuchar, y finalmente a representar.
Como congresistas, nos toca la responsabilidad de incorporar todas las miradas y todas las voces en este gran diálogo, y lograr que las reformas y sus frutos avancen con todos adentro (para garantizar la profundización del cambio).