A menos de tres meses de reiniciar su gestión de la cosa pública, el gobierno dominicano se ha visto en la necesidad de recular, es decir, echar hacia atrás decisiones que uno espera hayan sido tomadas con la cautela y la ponderación de las decisiones públicas de alto impacto e importancia.
La primera, hasta cierto punto bochornosa, fue el retiro abrupto del proyecto de reforma y modernización fiscal, que el propio presidente sustentó como primordial para el desarrollo y la transformación del país, argumentando su importancia para mejorar las condiciones de vida de las mayorías.
No sé si una mayoría, pero un grupo importante de la clase media se puso de manifiesto a través de las redes sociales, rechazando la pieza; de igual manera, un sector importante del empresariado puso su palabra de rechazo a través de voceros; lo mismo hizo un sector de la oposición.
A muy pocos días de introducida la pieza de marras en las cámaras para su conocimiento y aprobación, y muy a pesar de la mayoría absoluta por parte del partido de gobierno en las mismas, el presidente se vio en la imperiosa necesidad de retirarla. Quizás faltó diálogo y comunicación efectiva previa o visión del presente.
La segunda, fue la “genialidad” del ministro de administración pública de solicitar mediante la circular 018031 del 31 de octubre del año en curso y a través de las direcciones de recursos humanos de las instituciones públicas, las evidencias de pago de los servicios públicos por parte de los servidores públicos. ¿Y eso?
Con un argumento un tanto extraño y peor redactado la circular inicia: “En el marco de nuestro compromiso para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos y con los fines de actualizar nuestra base de datos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, el Ministerio de Administración Pública instruye a todo los entes y órganos del estado a través de sus direcciones de recursos humanos a realizar un levantamiento de información correspondiente al cumplimiento del pago de los servicios públicos de los servidores públicos del estado”.
¿A razón de qué y en cumplimiento de cual función el MAP toma la decisión de tal solicitud? Además, ¿se podrían imaginar lo que eso significaría incluso para las direcciones de recursos humanos de las diferentes dependencias del Estado? Por supuesto, el ministro tuvo que recular y de una manera un tanto embarazosa.
Además del menú de violaciones a reglas básicas de la lengua española, alguien podría explicar qué sentido tiene dicha medida, si es que tiene alguno, ¿qué se busca o pretende? ¿Es otra “patada voladora” como la de los luchadores en el Coliseo o es que hay alguna estrategia del gobierno con no se sabe qué propósito?
La tercera fue la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que poco hace de su principal función, de obligar a los mayores de 65 años de renovar por cada dos años y no cuatro, como especifica la normativa vigente, su licencia de conducir, argumentando los cambios en las condiciones físicas y cognitivas que pudieran afectar su capacidad de conducción.
Para las autoridades de dicho Instituto esta medida se justifica como parte de un enfoque para garantizar la seguridad vial. Es decir, ¿somos los mayores de 65 años los responsables del caos del tránsito en casi todo el país y obligándonos a pagar el doble, este problema se solucionaría? ¿Ingenuidad o torpeza?
Después de cuatro años de gobierno y menos de tres meses de inaugurado su segundo período gubernamental, cómo entender estos desaciertos: ¿son improvisaciones? ¿patadas voladoras con no se sabe qué propósito? ¿no se tiene idea de cómo enfrentar el pago de la monstruosa deuda aumentada de manera significativa por esta gestión?
Si la miramos con respecto al porcentaje del PIB, del 53.58% para el 2019, hemos pasado al 71.54% (2020), 63.23% (2021), 59.55% (2022) y 60.02% (2023). Como esos números solo reflejan esta cuestión a nivel macro, veámosla a nivel Per Cápita, es decir, por cada dominicano: de 4.113 euros hemos pasado a 6.311 euros en el 2023.
Es decir, cada uno de nosotros, en cuatro años, aumentamos en 2.198 euros nuestra deuda sin que los servicios públicos hayan mejorado. ¿Y todos esos recursos adónde han ido a parar? ¿Cuáles estómagos están hoy mejor saciados, cuáles niños y niñas gozan hoy de una mejor educación? ¿Quiénes tienen hoy mejor atención médica?
Es hora de que el gobierno y sus funcionarios se detengan a pensar en su gestión y las consecuencias que ella tiene para la población dominicana. Más que recular lo que queremos los y las dominicanas, es un gobierno asertivo, que desarrolle mejores habilidades para la comunicación y el diálogo con la sociedad en su conjunto.
En otros tiempos el principio autoritario de que el “el poder es para ejercerlo”, tiene hoy connotaciones nuevas. La democracia dominicana, aún con sus debilidades particulares, se ha ido fortaleciendo, a pesar de la cultura política que con frecuencia suele ponerse de espalda a quienes le otorgan su poder de representación.
Los tiempos han cambiado y lo seguirán haciendo en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en el ámbito público. Las redes sociales son hoy un poderoso canal de representación no formal, pero muy efectivo, cuando de vocería se trata. Ya no tenemos la necesidad de un comunicado de prensa para hacer presión. Son otros tiempos.
La democracia no se circunscribe solo al momento de depositar el voto, por lo que es urgente no perder de vista su vínculo con la dimensión política, la cual tiene hoy características y configuraciones inesperadas. El ejercicio del poder ciudadano en este momento es otro, y quienes tienen su representación, deberían saberlo.