Consenso, apoyo y compromiso son palabras clave para el diseño de políticas alrededor de principios habilitadores y el entendimiento del fenómeno de Internet, la economía digital y del ecosistema del emprendimiento.
Estamos en un momento clave para entender qué factores afectan el bienestar digital de un país y qué áreas deben priorizarse para su mejora futura.
Para muestra un botón, en el Índice de Calidad de Vida Digital (DQL) del año 2022, la República Dominicana alcanzó el puesto 10 de 18 países de América Latina. El índice clasifica la calidad del bienestar digital en un país y nos muestra que los países de América Latina tienen retos comunes.
Esta herramienta ofrece una visión única de la calidad de vida digital de un país de acuerdo con cinco pilares, incluida la asequibilidad de Internet, la calidad de Internet, la infraestructura electrónica, la ciberseguridad y el gobierno electrónico.
En la misma medición, Uruguay y Chile alcanzaron el índice de calidad de vida digital más alto de América Latina y la región del Caribe, a 0,55 puntos en una escala de cero a uno cada uno. En comparación, Guatemala y Honduras obtuvieron el índice más bajo entre los países presentados.
Por esta razón, y como consecuencia del desarrollo digital disperso, las asociaciones de actores de la economía digital presentaron el Manifiesto de Economía Digital Latinoamericana que compila retos comunes y conceptos que funcionarán de catalizadores para que América Latina alcance su potencial en materia de innovación dentro de la economía digital.
El documento cuenta con tres pilares, que incluye cada uno de ellos una serie de desafíos: desarrollo, innovación y empoderamiento. Trece asociaciones de la región evidencian el papel de la economía digital como motor de desarrollo económico y de inclusión en la región.
Los catalizadores comunes que debemos empujar desde cada país se resumen en quince que comparto para estimular la conversación local.
Desarrollo
Las empresas de Internet aglutinadas en las asociaciones firmantes del manifiesto promueven un desarrollo digital inclusivo y que defienden una Internet abierta y participativa a través de:
- Procesos de gobernanza con múltiples actores y niveles, con fomento de asociaciones público-privada de forma ágil.
- Modelos colaborativos de elaboración de política pública.
- Defensa de una Internet abierta, con libre flujo transfronterizo.
- Políticas para universalizar la conectividad, promoción de equipos asequibles y cierre de brecha.
- Integración comercial de América Latina, con menos trabas regulatorias.
Innovación
Las empresas de la economía digital habilitan el surgimiento de nuevos modelos de negocio, crean capacidades y oportunidades para el talento y que su objetivo es ser parte de las políticas públicas que “construyan un mejor futuro” para la región a través de acciones clave:
- Programa de apoyos a pequeñas empresas para su reconversión digital.
- Enfoques regulatorios vanguardistas y adaptadas a la nueva realidad.
- Inclusión financiera digital.
- Oferta educativa alineada con la necesidad de habilidades específicas.
- Modelos de trabajo flexibles.
- Formación laboral de menor duración que atienda aspectos técnicos necesarios.
Empoderamiento
Las organizaciones trabajan para la renovación de confianza de los usuarios, con compromiso de los derechos individuales y colectivos y políticas a favor de aumentar el poder de elección y personalización, agregando las siguientes rutas:
- Estándares armonizados de privacidad y protección de datos personales.
- Definiciones sobre el rol de intermediarios que delimiten la responsabilidad de los actores digitales.
- Lineamientos claros de tratamiento de contenido.
- Programas de alfabetización digital para más habilidad de los usuarios.
Luego de la experiencia en el Consejo Económico y Social (CES) entendimos que las mejoras de la economía digital deben ejecutarse aplicando la máxima “en la República Dominicana para entrar hay que salir”. El valor de la economía digital es regional y el país no debe dar la espalda a los flujos globales.