En estos días, el país ha sido sorprendido con informaciones de que los promotores de la modificación de la Normativa 09-15 han estado muy cerca de aprobarla en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Desde hace varios años sectores universitarios vienen presionando por un aplatanamiento de la normativa, lo cual ha sido enfrentado firmemente por la mayoría de la comisión de expertos designada. Al frustrarse un acuerdo, se denuncia que fueron excluidos de la comision expertos de la más alta categoría y reconocimiento que se oponen a que se modifique, en el sentido de hacer menos rigorosa la prueba de actitud para ingresar a la carrera docente.
Lamentablemente, la asignación del 4% para la educación preuniversitaria, como ya se ha demostrado, se convirtió en un pastel muy apetecido, del que muchos se han beneficiado, menos los estudiantes de escasos recursos que asisten a la educación pública.
Puede entenderse que muchas universidades presionen para acceder a las becas de unos 100,000 pesos anuales por estudiante que el Estado asigna a quienes cursan el programa de excelencia docente. Sin embargo, pasados 7 años de la creación del programa, esos centros docentes no han hecho nada para encaminarse a cumplir los requisitos de excelencia, mientras presionan para que se deje entrar a decenas de miles de estudiantes de pedagogía que no cuentan con las condiciones de calidad que se requieren.
Lo que no logramos entender es que el gobierno y, en especial su Ministerio de Educación superior, no haya fijado una posición al respecto, pretendiendo asumir una imparcialidad que no corresponde al papel del Estado, que está obligado a representar y defender los intereses de la población, sobre todo la que asiste a la educación pública. ¿Quién sino el Estado puede representar en esas negociaciones a los millones de niños que han sufrido históricamente la marginalidad de una educación de baja calidad? Esos niños y sus familias no tienen un asiento en esas negociaciones, para eso están las autoridades del gobierno.
En estudios y artículos anteriores hemos mostrado el pobre papel que ha desempeñado la educación superior y su ministerio en la obligación de contribuir a la calidad, a través de una buena formación de los docentes. El único intento que ha hecho el Ministerio de Educación Superior de ocuparse del rol que le corresponde en la formación del personal docente de todos los niveles, es precisamente esa normativa 09-15, que ahora se pretende echar atrás para, como ya dijo el ministro Angel Hernández, seguir tirando al zafacón los dineros que con tanto sacrificio asigna este país a la educación preuniversitaria.
Desde principios de los 90, con el primer Plan Decenal de Educación, el Estado comenzó a asumir casi totalmente el costo de la formación de los docentes. Se fijó la meta de que, en 5 años (antes del 2000), todos los docentes tendrían un título universitario, que en ese tiempo la mayoría no tenía. Las universidades se llenaron de estudiantes, la mayoría de ellos eran docentes en servicio, con dos tandas de clases. Se abrieron decenas de carreras de educación, en horario sabatino y en condiciones de increíble precariedad e irresponsabilidad de su misión. Varias universidades obtuvieron grandes beneficios, graduando a la generación de docentes que tanto ha perjudicado a la educación. El resultado ha sido una bajísima calidad que muestran las evaluaciones, especialmente de los que fueron a parar a las escuelas públicas, colocando al país en los peores lugares del mundo. A partir del 2013, con la sustancial mejoría del salario y condiciones de trabajo del magisterio público, la carrera docente se ha convertido en una de las más atractivas, llegando a representar alrededor del 18% de los estudiantes universitarios.
¿Que ganaría el pais con flexibilizar los requisitos para entrar a la carrera docente? Las últimas estadísticas del MESCYT, que datan del 2018, muestran que el país tenía ese año 109,778 estudiantes de educación. El 64% en instituciones privadas y el 36% en las públicas. Esas mismas estadísticas con tres años de atraso, dicen que 15,179 docentes se graduaron en ese año. En el último concurso realizado por el MINERD en junio del 2021 se registraron 85,434 postulantes y fueron evaluados 71,826, de los cuales aprobaron 29,527. El MINERD había anunciado que había 19 mil plazas disponibles. Hasta la fecha, no tenemos información de cuantos finalmente han sido nombrados.
Estas cifras de estudiantes de educación, de graduados, de gente que se graduó y no ha conseguido trabajo, sumadas a una nómina de más de 100 mil docentes públicos, nos indican que hay una sobreabundancia y que el pais no tiene necesidad de abrirle las puertas a una masa de estudiantes de educación con baja formación y que sobrepasan hace años las cantidad de plazas necesarias. ¿Necesita el pais seguir formando más docentes? Sí los necesita, pero de los mejores, de los que reúnen los más exigentes requisitos, de los que se pueden dedicar tiempo completo, de los que pueden formarse con profesores de excelencia. De ninguna manera el país debe desperdiciar los recursos del 4% para atraer gente que no llena los requisitos y graduarlos con un mínimo de calidad.
La matrícula de la educación preuniversitaria, desde hace más de una década, muestra un crecimiento mínimo de alrededor del 2%. Hay una parte que se debe al ausentismo escolar, pero sobre todo influye la reducción del crecimiento poblacional. El sector público ya tiene una relacion promedio de unos 21 estudiantes por maestro. Por tanto, el esfuerzo y los recursos no deben dedicarse a lograr mayores cantidades, sino a la ansiada calidad. Dejar entrar a personas que no llenan los requisitos no es una solución, por el contrario, es reproducir la irresponsabilidad de un sistema de educación superior que no responde a las necesidades y se mueve por intereses pecuniarios.
La disponibilidad de docentes de calidad es un reto de largo plazo. Es claro que la aplicación de la normativa 09-15 no soluciona la necesidad inmediata. Se requiere tiempo para revertir una situación que se creó por décadas de descuido. Por tanto, he planteado en varios trabajos que el gobierno está en la obligación de poner en marcha una combinación de acciones que den resultados de corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos en el sistema, con derechos adquiridos, un 75% de los docentes públicos que no alcanzan una nota decente en las evaluaciones, a los cuales se suman las decenas de miles, con igual o peor formación, que presionan para obtener un trabajo. Por tanto, entiendo que deben implementarse acciones diversas y efectivas como las siguientes:
- Mantener el programa de excelencia docente con los requisitos que actualmente tiene, estudiantes becados y docentes de altas calificaciones, con dedicación tiempo completo.
- Poner en marcha el sistema de evaluación por resultados, vieja aspiración que, por presiones gremiales y negligencia gubernamental, nunca se ha logrado. No podemos seguir dándonos el lujo de que los profesionales de la docencia no se responsabilicen por los resultados de su trabajo, por lo que realmente aprenden sus alumnos. Cuando la gente sabe que el mantenimiento de su empleo depende de sus resultados, pone en juego todos sus esfuerzos para mejorar, se ocupa de buscar soluciones a sus fallos, se empeña. Así lo hacen todos los demás profesionales y así hacen los docentes del sector privado. No hay ninguna razón para seguir reproduciendo en la escuela pública una cultura de falta de compromiso de docentes, directores, supervisores y técnicos. Hasta la permanencia de los mas altos mandos educativos debe depender de los resultados.
- Poner en marcha un sistema de compensación, estímulo y premiación a la excelencia, un sistema competitivo que saque lo mejor de los docentes, directores, distritos, regiones, en el cual se premia la excelencia, medida por los resultados de los alumnos. Los dominicanos, cuando se trata de competir somos muy buenos, solo que en las escuelas públicas no se compite por resultados, el crecimiento profesional tiene que ver con factores políticos, gremiales o influencias y no con lo que aprenden los alumnos.
- Crear un sistema de indicadores educativos semejante al que existe en el sector económico, donde los resultados se midan de forma objetiva y continua y se les dé seguimiento constante, interviniendo cada variable de forma oportuna, antes de que se deterioren los resultados.
- Crear un fondo de crédito educativo para apoyar a aquellos aspirantes a docentes que no llegan a alcanzar becas, pero que tienen interés en hacer una buena carrera o estudios de cuarto nivel. En la Ley 139-01 esta contemplado ese fondo que nunca se ha creado. Antes se justificaban las becas en los bajos salarios, pero ahora la carrera docente es mas atractiva y puede justificar la inversión propia. Además, se puede incluir exoneración de pago, total o parcial, por excelencia académica, incentivo que realmente funciona.
- El Estado gasta miles de millones de pesos en capacitación en servicio, inversión que, de acuerdo a la experiencia, en su mayoría se pierde, la mejoría no se ve, la gente hace cursos y cursos, acumulando puntos para su evaluación, pero repitiendo lo mismo en el aula. Esto es fácilmente demostrable con las pruebas nacionales, las cuales muestran que los errores siempre son los mismos.
- Finalmente, los llamados a concurso del MINERD muestran que hay una inmensa masa de graduados de educación que una y otra vez participan y no logran obtener las puntuaciones requeridas para ser admitidos. Porqué abandonar a esa masa de gente a quienes el sistema falló, ofreciéndole una formación deficiente. Las universidades deberían, en coordinación con el MINERD, crear programas especiales para ponerlos en condiciones de competir, de corregir sus fallas y, finalmente acceder a una posición de trabajo. Esos programas también deberían crearse para los estudiantes que se preparan para participar en los exámenes de admisión. Así lo hacen en paises con altas exigencias educativas, hay mucha gente que pasa años preparándose solo para acceder a una universidad de calidad o a un tipo de empleo.
El presidente Abinader ha expresado su apoyo a la calidad educativa, el reciente nombramiento de Angel Hernández así lo expresa. Ahora tiene una buena oportunidad de confirmar ese apoyo, fijando una firme posición de Estado a favor del mantenimiento del programa de formación de docentes de excelencia, tal y como fue concebido, además de poner en marcha otras alternativas para la mejoría de la calidad educativa.
Las universidades, acompañadas por el MESCYT, tienen la oportunidad de comenzar a cumplir con la sagrada misión de formar bien a los docentes, con la calidad y el compromiso que requiere el país.