Con Soraya Castillo y su equipo del programa diario ¿Qué Pasa RD?, en el segmento que todos los martes presenta Jesús Geraldo Martínez, tuve la oportunidad de conversar sobre la inflación en el país. Con el amigo y colega de la exitosa sección Tu Consultor Financiero en Acento.com.do coincidí a finales del siglo pasado en el departamento del Banco Central responsable de calcular el Índice de Precios al Consumidor. En esa época Héctor Valdez Albizu era el gobernador y recuerdo que me aprobó de inmediato el traslado de Jesús Geraldo al Departamento de Programación Monetaria: “Don Héctor, su índice fue de 4.0 en una maestría de finanzas en INTEC y su supervisora, Celeste Silié, apoya el traslado aunque se desprende de su mejor colaborador.” Listo.
Y fue con el gobernador que introduje la importancia de “contar las bendiciones” a la hora de conversar sobre la inflación. Fue durante su gestión 1996-2000 que se adoptaron las metodologías con las mejores prácticas para medir la inflación. Tanto éstas como el equipo formado para la recolección mensual de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica se mantuvo durante el receso que no estuvo presidiendo la entidad. Ahí regresa en el 2004 y desde entonces es quien de manera ininterrumpida informa todos los meses al país las variaciones del IPC general, de los diferentes grupos de la canasta básica y de los productos que tienen mayor o menor incidencia en el resultado final. También de la inflación por quintiles, regiones y, algo importante, el listado del IPC mensual para cada artículo que permite construir series de variaciones e incidencia para cada uno. La primera bendición, en consecuencia, es tener unas cifras de la inflación que se pueden catalogar de incontrovertibles.
La segunda bendición es que los precios de la mayoría de los 364 artículos de la canasta básica con que hoy se mide la inflación se crean en transacciones libres de mercado, sin controles de precios. Tenemos una canasta de precios justos, no una de precios de control fijado por políticos. Tenemos una de precios justos porque no hay nada más justo que la transferencia libre y voluntaria entre dos personas de sus derechos de propiedad: el que es dueño de un racimo de plátano lo cambia al propietario del medio generalmente más aceptado para juntarse con ellos para desayunar con un mangú; el que es dueño de su cuerpo y tiene una motocicleta los aliena temporalmente al que saca de su cartera la cantidad de pesos necesaria para recibir el servicio de completar el tramo que falta del Metro a la universidad. ¡Loor a los mandatarios han resistido copiar a Maduro y su Ley de Precios Justos!
Porque es con esos datos del Banco Central que podemos entender la verdadera Casa del Terror en que viviéramos si los precios estuvieran definidos por los políticos, al estilo de Cuba y Venezuela. La comparación de la evolución del IPC de los pantis, el plátano, la renovación de pasaportes y el arbitrio por la recolección de basura es demoledora. La pieza íntima femenina pasó de un IPC de 100 en el año base, diciembre 2010, a 106.6 en septiembre del 2020, es decir, una inflación acumulada de 6.6%. La razón es obvia: un precio que no importa a los políticos, formado en una competencia intensa entre proveedores con libertad completa de entrar o salir y donde nadie recibe privilegios oficiales para tener posición dominante. Cero crisis de ropa interior.
Con los plátanos expliqué que son populares para subir fotos cuando el precio está alto junto a la cuenta del colmado, pero se comparten menos cuando cae con respecto al mes anterior. La variación del IPC mensual del plátano es un sube y baja tipo montaña rusa, la volatilidad es alta porque algo diferente está ocurriendo con respecto a los pantis: menos libertad de llevar oferta al mercado y más injerencia política como paño de lágrimas de consumidores, cuando están caros, o abrazo solidario al productor cuando se deprimen. Por eso termina en septiembre 2020 con inflación acumulada de 155.5%.
La recogida de basura es genial para medir la dinámica de los precios políticos. Son adversos los que tienen cargos electivos a subir precios de la oferta de servicios controlan: no tienen que preocuparse por recuperar costos, las pérdidas no afectan su patrimonio, siempre hay alguien a quien culpar por deterioro servicio (“no me pasan el 10%, el contratista salió mafioso, con la mala educación de gente no se puede”) y el que sube arbitrios pierde votos. Ahí la razón de que estuvieran fijos desde el 2014 al 2019, cinco años con inflación cero, un IPC invariable, cuando la cantidad de desechos sólidos tuvo que haberse multiplicado varias veces. ¿Sorprende la crisis de la basura? ¿Ese es el modelo, congelar ahora mismo por cinco años los bienes o servicios que representen el 70% de la canasta básica? ¿Se anima El Torito?
La renovación del pasaporte, que debuta en la nueva canasta básica para medir el IPC, es la misma historia de fracaso con los precios socialistas. Debuta con un IPC de 100 y todavía está a ese nivel. El servicio se está dando hoy al mismo precio que hace tres años, al nivel justo a los ojos de los políticos y asequible para todo el mundo, nada de poner un precio de mercado donde el de equilibrio excluye a los de menos recursos. Sí, son baratos, pero estamos en lo mismo que pasa con todo precio político: la oferta no da para todos y el racionamiento de libretas tiene que venir por los mismos mecanismos desde hace cuatro milenios, por ejemplo, el de terror de recibir una cita para dentro de varios meses.