El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, vigente desde 2007, ha tomado desde hace años una deriva autoritaria y represiva. Se ha convertido en una dictadura. En 2018 se sofocaron las multitudinarias protestas con el encarcelamiento y asesinato de cientos de manifestantes.
Uno de los ciudadanos más ilustres de ese país, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez –figura con la que he compartido por el lazo de la literatura- tuvo que salir al exilio por su denuncia de las atrocidades del régimen. Recientemente él y decenas de opositores que permanecían en la cárcel han sido despojados de la nacionalidad nicaragüense.
Entre los desmanes de la dictadura también se incluyen torturas, la expulsión de instituciones internacionales, la censura a la prensa y a la cultura y la disolución de una oposición política real.
Para la República Dominicana la situación de esa nación centroamericana podría tener un relieve mayor. Nuestra política exterior, que se ha caracterizado en este periodo constitucional por la defensa de los valores democráticos y la unidad en la región, debe apostar, a través de los espacios multilaterales, por una transición pacífica en Nicaragua.
Los gobiernos de Chile, Panamá y Colombia, por ejemplo, figuran en el coro internacional de voces que le exigen al régimen la preservación de los derechos humanos y la celebración de elecciones transparentes. Algunos países como Argentina y España incluso les han ofrecido la nacionalidad a los exiliados.
Manifestar una posición más enérgica de parte de la diplomacia dominicana sería una confirmación de nuestro compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles y políticas en América Latina.
El panorama nicaragüense también reviste importancia para la República Dominicana por nuestra vecindad geográfica. En los años ochenta Centroamérica fue el escenario sangriento de numerosos conflictos armados. Hay actualmente tensiones en el istmo porque el régimen de Ortega ya se encuentra cada vez más aislado de la esfera internacional.
Si no se propicia una transición pacífica, entonces un estallido social en Nicaragua, un derrocamiento violento del gobierno, podrían crear las condiciones de anarquía ideales para que surjan nuevos movimientos paramilitares, terroristas y de crimen organizado muy cerca de nuestro país. Y aun si esta premisa no se cumpliera, la extensión ad infinitum del gobierno de Ortega representa una mancha en las aspiraciones de progreso, crecimiento económico y unidad regional a que aspira América Latina.
En el gran gobierno de Luis Abinader -y la excelente gestión de Roberto Álvarez como canciller- República Dominicana se ha caracterizado por elevar su voz ante los temas internacionales, contrastando con gran acierto una vieja tradición de neutralidad que antes tuvimos como Estado ante los conflictos internacionales.
Nuestra participación ante el tema de Nicaragua debe ser propositiva pero enfática. Desde la Alianza para el Desarrollo en Democracia, espacio que hemos gestado junto a los gobiernos de Costa Rica, Panamá y ahora Ecuador, podemos elaborar propuestas comunes.
Para República Dominicana que, además, necesita el apoyo cada vez más decidido de la comunidad internacional para la defensa de su soberanía ante el drama haitiano, el hecho de que participemos con determinación en el tablero geopolítico latinoamericano nos permite posicionarnos con mayor influencia para las reivindicaciones que pedimos respecto de nuestras problemáticas particulares.
A la República Dominicana se le ha acusado falsamente de crear apatridia por deportar a extranjeros en estancia ilegal. También por esas presiones injustas e interesadas a las que nos han sometido, es más necesario que nuestro discurso en la esfera internacional sea de valores sostenidos, como la defensa de que a los nacionales nicaragüenses no se les niegue su condición de ciudadanos.
Hace poco que el Ministerio de Cultura de la República Dominicana anunció que los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli son los ganadores del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña. “Se han convertido en una luminosa referencia de honestidad intelectual, firmeza en las causas humanísticas y valerosa postura frente a los abusos de poder”, reza un fragmento del comunicado oficial del premio.
Ramírez y Belli, ahora reconocidos por el Estado Dominicano, encarnan la fraternidad que vincula nuestro país a la patria de Rubén Darío. Ante la interrupción de la libertad y democracia en Nicaragua tanto el Estado como el pueblo dominicano tienen un compromiso de solidaridad, de coherencia y de no guardar silencio ante la maldad y el oprobio que padecen nuestros vecinos centroamericanos.