En política olvidar los compromisos y no honrar la palabra empeñada se paga caro. Sobre todo, frente a un pueblo que está hastiado, harto de falsas promesas. ¡Un pueblo que anhela se cumpla con lo pactado y que nos observa con los ojos bien abiertos! Por eso es muy importante siempre recordar que Punta Catalina forma parte principal del cuerpo del delito de la mega corrupción contra lo que este pueblo se movilizó.
En estos momentos en que se envía un proyecto o contrato al Congreso para que esta planta generadora de electricidad sea puesta bajo la sombrilla de un fideicomiso público, han empezado los cuestionamientos de diversos sectores a este contrato, sobre todo porque en su artículo 21 deja abierta la posibilidad de que “el sector privado”, en calidad de fideicomitente adherente, pueda invertir en el futuro o pueda ser parte del fideicomiso.
Privatizar esta planta sin saber los resultados de estas auditorías que hicimos mención en una entrega anterior, sería contribuir para que nunca sepamos su costo real. Punta Catalina debió manejar el 30% de la generación eléctrica del país. No sabemos exactamente si está cumpliendo este rol. Si es así sería una empresa, que si es bien administrada, podría no ser una carga para el Estado dominicano. Todo lo contrario: según cálculos de algunos especialistas, dejaría como ganancia alrededor de 200 millones de dólares al año.
El esquema planteado de hacer un fideicomiso, dejando la posibilidad –como lo expresa el artículo 21 del contrato–, para que el sector privado “personas físicas y morales” pudiesen entrar en el futuro como fideicomitentes adherentes, abre una puerta para que algunos grupos empresariales puedan finalmente quedarse con este gran negocio.
Si bien es cierto que la inversión privada es fundamental para el desarrollo del país, no menos cierto es que debe añadirse el componente de la transparencia y aplicar reglas claras en un mercado competitivo. Es decir, no puede vislumbrarse como una especie de “parásito adherido al cuerpo del Estado” para expropiarse, vivir y crecer a costa de bienes públicos.
Creo firmemente que el empresariado dominicano debe jugar un papel fundamental en el desarrollo integral e inclusivo de nuestro país. Me refiero al sector empresarial completo, desde las MIPyMES –que conforman el 98% de nuestro tejido empresarial–, hasta los grandes empresarios. Pero sabemos que en esta media isla todos nos conocemos y este pueblo sabe muy bien quiénes han tratado siempre de capturar políticamente al Estado para hacer grandes negocios y, en contraposición, quiénes se levantan cada día a esforzarse y hacer crecer sus empresas en base al trabajo duro y honrado y la competencia sana y honesta.
Este pueblo está muy receloso y desconfiado. Pareciera que sufre una paranoia colectiva y así lo muestran diversos estudios de opinión. Prácticamente no hay una sola institución de nuestro país que sea creíble y confiable para nuestra gente. El nuevo ciclo político que se abrió en nuestro país a partir de las elecciones pasadas, ha generado tantas expectativas y tanta esperanza que fallarle sería una de las más grandes frustraciones.
Cada paso que demos en política, en la administración de lo público, debe no solo responder a la defensa del interés colectivo, sino también debe ser absolutamente transparente y bien explicado; puesto que la gente exige ser parte, ser tomada en cuenta, se siente y es parte fundamental de este momento político tan importante y trascendental para nuestra transición democrática, para la construcción de un país decente.