Una ola de urticantes ataques ha provocado el anuncio del presidente Luis Abinader en la presentación de las primeras memorias de su gestión a la Asamblea Nacional, el 27 de febrero de 2021, sobre la construcción de una valla en 190 kilómetros de los 380 de la frontera con Haití como parte de los proyectos para contener el caos migratorio y la tromba de robos, crímenes, contrabando, drogas y mafias internacionales.
La corriente de opinión bajo la quemada frase “Puente sí; muro, no”, ha sido gestionada de modo tal que parezca tema de la agenda de medios extranjeros de prestigio, como el portal de la BBC, de Londres. Burda manipulación.
Aquí, hasta el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), uno de los dos líderes fundadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) –el otro es el mandatario actual-, ha expresado su desacuerdo con tal estrategia. Y con él, pero bajo la sombra, gente del propio partido con roles en el Gobierno. “No hay peor astilla que la del mismo palo”, dice el refrán. Sus disensos públicos hieren el cuerpo de su gobierno y lo debilitan de cara al futuro electoral.
Entretanto, en el tsunami discursivo que articulan los antiverja, ¿dónde aparecen los habitantes de las cinco provincias de la frontera, que son los reales dolientes? ¿Pintadas en la pared están las provincias Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales? ¿Cuántos se han preocupado por existencia cotidiana? ¿Quién les ha consultado sobre su creciente zozobra con la inseguridad? Nadie. Los “progresistas” les han usurpado la vocería de sus procesos.
Seguro que si les preguntan y no manipulan resultados, las reacciones de los fronterizos estarían cónsonas con su realidad socioeconómica y cultural: puente sí; verja, sí.
Estos pueblos necesitan puentes, pero en orden. La inseguridad ya es insostenible. Cada día es más grave, aunque esta desgracia no sea parte de la Agenda Setting de la mayoría de los medios de comunicación, como no es el seguimiento a su azarosa vida fronteriza en vista del empobrecimiento continuo.
Los atacantes, sin embargo, han montado un discurso tan calimocho como vertical, con una verdad a medias y antecedentes traídos de los cabellos, como el destino del simbólico Muro de Berlín. Dicen que las migraciones son inevitables, y más en este tiempo. Pero, en la pretensión de anclar sus pareceres, solapadamente, apelan al recurso insano de agitar conflictos graves entre los vecinos al tildar de racistas y xenófobos a los dominicanos y resucitar con alta recurrencia, fuera de contexto, la masacre trujillista de 1937, minusvalorar los procesos de la Independencia Nacional y defender, si no callar, las agresiones haitianas.
Los movimientos de personas entre países enriquecen a los pueblos. Cierto, pero si son bien gestionados.
Y esa tarea resulta quimérica a la luz de una frontera invisible, sin distancia entre las comarcas, ni barreras topográficas, y un país vecino históricamente caótico, empobrecido hasta el tuétano, secuestrado por la delincuencia y el accionar de políticos y empresarios depredadores en alianza con poderes extranjeros.
Frente a esa realidad, no hay tecnología sola que valga, por muy de punta que sea y por mucho que teoricen los tecnofílicos sobre dronitos y GPS.
En el caso de Pedernales, son 53 kilómetros desde la “desembocadura” del río hasta Loma del Toro, en lo alto de Sierra Baoruco, sin contar la frontera marítima.
Al municipio, una horda puede entrar y salir en cuestión de minutos y provocar una tragedia sin que nadie la frene porque las probabilidades de escape e impunidad son infinitas. Esa debilidad no la resuelve una fila de guardias de extremo a extremo, aunque sean los más honestos de la tierra. Tampoco la tecnología sola.
Lo sabe muy bien el ministro de Defensa, teniente general del Ejército, Carlos Luciano Díaz Morfa, el taciturno exjefe de seguridad e íntimo amigo del expresidente Mejía. Lo sabe el mismo Mejía. Y lo sabemos los pedernalenses, porque sufrimos el problema en carne viva.
Así, en las condiciones actuales, naufragaría el desarrollo turístico que el Gobierno quiere lograr en la provincia y toda la Región Enriquillo.
La realidad reclama un plan de gestión de la seguridad para los 2,080 kilómetros cuadrados del territorio, en el que la verja sea uno de varios proyectos ejecutados a la par (tecnología, 9-1-1, desarrollo local, reducción de la corrupción militar, policial y civil, sensibilización de la comunidad (comunicación como eje transversal) para lograr una conciencia crítica y la participación social).
Y eso no implica menosprecio a los haitianos por ser negros y pobres, como arguyen los chantajistas del patio. La valla, con su puerta bien pensada y diseñada por arquitectos y, al lado, un moderno mercado binacional, facilita la buena relación y el orden entre los dos pueblos. Y, con riesgos controlados, anima al turismo, equivalente a incremento de la actividad económica para unos y otros.
Se trata de una solución que, empero, no conviene a las mafias nacionales e internacionales. Tampoco a quienes –desde las comodidades de oficinas en las metrópolis nuestras- se inventan “proyectos de desarrollo” sobre Haití para presentarlos a agencias de gobiernos y ONG de Europa y de Estados Unidos, y asegurarse con ello unos cuantos dólares y euros, y viajar mucho a congresos y seminarios. El desorden y la pobreza son imprescindibles para su sobrevivencia.
Su alegato de que es muy alto el costo de la obra (US$100 MM) en medio de la crisis económica es otro chantaje inaceptable. Sólo busca sumarse apologistas desprevenidos.
Tal cantidad resulta insignificante frente a los beneficios inmediatos que se obtendrían. Además, vía la explotación de sus minas de bauxita y caliza, Pedernales, durante décadas, aportó grandes riquezas al Estado, y, en cambio, éste le ha redituado con abandono total, empobreciéndola. La deuda es enorme.
El pueblo de Pedernales debe ponerse al lado del presidente Abinader para garantizar que inicien y terminen los proyectos turísticos. Una actitud de brazos cruzados, abrirá las puertas de par en par a quienes –desde sus vidas cómodas en las ciudades- postulan por desviar las inversiones públicas y privadas hacia otros territorios.